Según el decreto N° 4801, del 27 de diciembre de 2018, el Gobierno provincial aceptó la oferta de pago en el marco de una conciliación en la causa caratulada "Estado de la provincia de Entre Ríos c/ Limongi Ramón Domingo y otros /Ordinario-Daños y perjuicios", que tramitó en el Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral N° 2. El acuerdo fue publicado recién en el Boletín Oficial el pasado 27 de mayo.
"Licencias ficticias"
En el caso se investigaron irregularidades ocurridas con relación al funcionamiento del personal de dicho nosocomio entre los meses de julio y diciembre de 2008, pero tomó estado público recién en 2012, cuando se inició una investigación interna.Las irregularidades quedaron registradas en el informe N° 01071 del Tribunal de Cuentas de la provincia, en el que se establece que se produjo un perjuicio a las arcas provinciales por la suma de $ 119.693 por parte de los responsables Limongi y Rodríguez, como ex funcionarios públicos.
¿De qué se trataron las irregularidades?
De la confección de certificados de licencia por enfermedad ficticios, lo que generaba que el nosocomio contratase empleados suplentes, que en muchos casos no iban a trabajar. La conclusión a la que llegaron en la investigación es que se nombraron suplencias innecesarias, puesto que las personas que pedían licencia incluso asistían a sus lugares de trabajo. Ello generaba que el Estado pagara el sueldo al agente titular y al suplente.Descubierto el caso, la Provincia, a través de la Fiscalía de Estado, persiguió el recupero del daño económico que produjeron, con más los intereses legales y costas. Ahora, tras siete años de litigio en los Tribunales, los dos principales acusados acordaron devolver el dinero que salió de las arcas públicas.
Acuerdo en cuotas
Ramón Limongi, ex adminsitrador del nosocomio; y el exjefe de Personal, Luis Rodríguez, propusieron pagarle al Estado la suma total de $ 300.400,00. Lo harán en cuotas. En el caso de Limongi, ofreció pagar una entrega de $ 50 mil; 10 cuotas iguales, mensuales y consecutivas de $ 10 mil y finalmente 20 cuotas de $5 mil. La suma total es de $200 mil.Por su parte, Rodríguez ofreció pagar 4 cuotas de $500; y las siguientes 12 cuotas $1 mil; 10 cuotas de $1.800; 12 de $2.400; y finalmente, 12 cuotas de $3 mil. La suma total arroja la cifra de $ 199.800. De modo que la suma del dinero entre Limongi y Rodríguez asciende a $399.800. Sin embargo, tendrán una quita de más de $80 mil.
Tuvieron una quita
De acuerdo al decreto oficial, la suma adeudada originalmente fue actualizada en función de la liquidación practicada por el Servicio Administrativo Contable de la Fiscalía de Estado, la que asciende al total de $380.755.40, y por ello, analizando la propuesta de los acusados, se calculó que su aceptación implicaría "una quita de pesos ochenta mil trescientos cincuenta y cinco con cuarenta centavos ($ 80.355,40)".
"Que, así las cosas, se ha ponderado la oportunidad y conveniencia del ingreso de los fondos ofrecidos al Estado Provincial, los que de llegarse a un acuerdo se irán acreditando efectivamente en las arcas Provinciales, ello así sin transitar la extensión del proceso judicial con producción de pruebas, eventuales instancias recursivas y con el área normal al que está sometido el resultado final de todo proceso judicial; Que, por otra parte, realizada una exhaustiva compulsa, se ha determinado que los deudores carecen de otros bienes sobre los cuales asegurar la percepción del crédito de titularidad del Estado Provincial, con lo que aún en el caso de obtenerse un resultado positivo en un futuro, el recupero de los valores adeudados resulta incierto", dice el decreto.
En orden a las previsiones de la Constitución provincial, en su artículo N° 147, el gobernador Gustavo Bordet y la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, aceptaron la propuesta de pago por parte de Limongi y Rodríguez.
Limongi buscó la prescripción
En los Tribunales de La Paz, el exadministrador del Hospital local, Ramón Limongi, a través de su abogado Atanasio Ernesto Izaguirre, buscó que el caso sea declarado preblockedo, es decir, que transcurrieron los años para que el Estado ya no pueda reclamar por los daños.El 28 de mayo de 2018, el exfuncionario planteó que operaba la excepción de prescripción de la acción, ya que los hechos endilgados ocurrieron hace 10 años. Señaló que el nuevo Código Civil y Comercial redujo la prescripción a 5 años.
Devolverlo en cuotas
La Fiscalía de Estado se opuso al planteo, sosteniendo que opera el plazo de 10 años, ya que los hechos ocurrieron cuando estaba vigente el anterior Código Civil y Comercial. "Estamos ante un supuesto de responsabilidad civil del funcionario público frente al Estado por el incumplimiento o el irregular cumplimiento de los deberes propios a su cargo, siendo de naturaleza contractual, por lo que el plazo de prescripción aplicable durante la vigencia del Código Civil era el decenal -art. 4023 del C.C.- que ahora se redujo a cinco años por imperio de lo dispuesto en el art. 2560 del C.C.yC", dice el escrito judicial al que tuvo acceso Entre Ríos Ahora.La jueza en los Civil, Comercial y Laboral N° 2 de La Paz, Silvia Vega, rechazó la prescripción de la acción y le dio la razón a la Fiscalía de Estado. De modo que el proceso continuó, y Limongi y Rodríguez debieron recurrir a una salida acordada: devolver el dinero en cuotas.
El inicio del escándalo
En 2012 fue el año en que estalló el escándalo por las irregularidades en el hospital de la cabecera departamental. En el suceso quedaron envueltos Claudio Aníbal Waissmann y José Alberto Sampietro, ambos jefes de Clínica; Mario Fabián Acuña, médico asistente; Jorge Oscar López, médico interno de Guardia; el médico Rafael Jesús La Banca, quien durante 2008 cumplió funciones en consultorios externos del nosocomio; y los empleados Daniel Emilio Geist, Claudia Rosana Giolitto, Miguel Osvaldo Schmidt y el administrador del nosocomio, Ramón Limongi.
Según la investigación interna de entonces, habrían sido facilitadores para que los agentes María del Carmen Montero, José Luis Vidal, Carlos Raúl Ferro, Alberto Antonio Irurzum, María Cristina Villanueva y Daniela Alejandra Valdez figuraran en los respectivos registros como en uso de licencia por enfermedad a pesar de lo cual asistían regularmente a su lugar de trabajo.
Además, se sostuvo en la instrucción sumaria que la agente Laura Susana Trulls, quien se encontraba en uso de licencia por enfermedad, registraba marcación en su tarjeta-reloj, mientras que los empleados Carlos Ruiz Díaz, Cecilio Martín Lawrie y Eduardo Lawrie asistían a su lugar de trabajo sin marcar tarjeta-reloj ni firmar planilla de asistencia. Fuente: (EntreRíosAhora).-
