Política Explicó las causas

Contratos truchos: La fiscal Goyeneche decidió apartarse de la causa

La fiscal Anticorrupción, Cecilia Goyeneche, decidió dar un paso al costado en la causa por los contratos legislativos truchos. Lo hizo a través de una nota enviada al procurador general del Poder Judicial, Jorge Amílcar García.
La fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche se excusó de continuar interviniendo en la causa donde se investigan irregularidades en las contrataciones de personal en la Legislatura. Lo hizo a través de una nota al procurador general Jorge García solicitando su apartamiento del caso, lo que fue admitido por el jefe de los fiscales.

Según consignó el sitio Análisis Digital, Goyeneche envió una nota al procurador el lunes 29 de abril solicitando su apartamiento de la causa donde se investiga un desvío de fondos de la Legislatura, y García hizo lugar al pedido al día siguiente.

El apartamiento de Goyeneche había sido solicitado por los abogados Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli -defensores del ex director del Servicio Administrativo Contable de la Cámara de Senadores, Gustavo Pérez- y Leopoldo Cappa -defensor del contador Ariel Faure-. Lo hicieron invocando una violación del principio de objetividad, a raíz de que compartió un fideicomiso y tiene una relación comercial con el imputado Pedro Opromolla en la propiedad de un departamento que alquilan, según dijeron.

La procuradora adjunta, a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, explicó que "luego de las primeras semanas de investigación, se determinó la intervención delictiva del contador público Pedro Opromolla, cuyo estudio contable fue allanado el día 3 de octubre de 2018 y fue indagado el día 28 de diciembre de 2018".

"No se relaciona, sin embargo, mi pedido, con los motivos esgrimidos por los defensores de los imputados Gustavo Pérez y Ariel Faure (?) quienes han utilizado publicaciones falaces en un medio periodístico sobre el vínculo del nombrado con mi esposo -y, consecuentemente, conmigo- para, sin ningún interés que los ampare, recusarme en la causa utilizando estas circunstancias para desgastar mi imagen pública y procurar degradar la investigación penal", aseguró Goyeneche en la nota al procurador.

"El vínculo de amistad de mi esposo (no mío) con el señor Opromolla, el contrato suscripto para la inversión en un fideicomiso, o la anterior adquisición al mismo de una parte indivisa de un inmueble, de ningún modo afectan mi primordial deber de objetividad en el rol de coordinación de la investigación fiscal, ni han conmovido de manera alguna el curso de la investigación en la presente", agregó Goyeneche, admitiendo aquello que habían esgrimido los defensores como motivo para solicitar su apartamiento.

Sin embargo, la fiscal anticorrupción sostuvo que "la evolución de la causa determinó la necesidad de realizar medidas de contenido patrimonial con el objeto de asegurar el recupero del producto del delito y la ejecución de las penas pecuniarias previstas en las figuras imputadas. En este contexto, los señores fiscales solicitaron -y así dispuso la señora jueza de Garantías, Marina Barbagelata- la traba de embargos sobre los bienes de los imputados. Para así disponerlo, los fiscales solicitaron la cautelar sobre todos los bienes registrables informados por los registros públicos de la provincia, y fue así que se dispuso un embargo sobre el 50 por ciento de titularidad de Pedro Opromolla, de un inmueble ubicado en calle La Paz N° 236, Oficina 'B', de Paraná. Lo que no surgía de la información registral, es que dicho inmueble, que efectivamente fue de titularidad del señor Opromolla, fue adquirido por boleto de compraventa por la suscripta en fecha 9 de marzo de 2017".

Lo que está diciendo Goyeneche es que la justicia embargó un departamento de su propiedad, que antes había sido de propiedad compartida con Opromolla pero no ha sido escriturado a su nombre. Mientras tanto, existe un contrato de alquiler vigente.

"La traba de la cautelar me coloca a la fecha en una nueva situación en la causa, en tanto deberé informar adecuadamente de esta circunstancia a la señora jueza de Garantías. Mientras esta situación no se modifique, solicito me dispense de continuar interviniendo en la presente, evitando así que estas circunstancias secundarias, sean utilizadas por sectores interesados para procurar entorpecer la investigación", solicitó finalmente Goyeneche.

Por último, dejó a salvo la tarea de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, de quienes dijo que vienen llevando adelante un "impecable trámite de la investigación" y "con total solvencia y probidad".

El procurador aceptó la excusación de Goyeneche con críticas a los abogados defensores, por lo que consideró un "incorrecto afán obstruccionista y dilatorio".

García sostuvo que "es casi ridículo que se hubiese intentado la recusación de la señora procuradora adjunta, doctora Goyeneche, quien precisamente por su rol institucional de coordinación de las causas de delitos de corrupción, el de marras uno de los más graves, supervisa la actuación de los diversos fiscales actuantes, que pueden fungir de acuerdo a necesidades" y, más aún, dijo el procurador, "invocando razones de amistad de su cónyuge con uno de entre los muchísimos imputados, a quien no solo se ha de llevar a juicio, sino que ni siquiera es defendido por los recusantes". Opromolla tiene a Julio Federik y Leopoldo Lambruschini como defensores.

El procurador señaló que "diversa absolutamente es la cuestión planteada ahora por la doctora Goyeneche. En efecto, como surge de la compraventa agregada, desde el 9/3/17 no existía ninguna relación de tipo comercial suya con el referido imputado Opromolla, ante la adquisición del 50 por ciento de la propiedad originada en uno de los habituales fideicomisos". ¿No existe ahora, pero existía antes? "Huelga recordar que la compraventa es un contrato consensual y que la escritura es solo declarativa a los fines registrales del negocio jurídico. Es entonces, ante la demora injustificable del Registro en la inscripción de aquella compraventa que, en el acto cautelar respecto de los imputados peticionado más de dos años después por el Ministerio Público Fiscal, que aparece erróneamente la consigna del 50 por ciento aún a nombre del acusado como objeto del embargo, lo que hace mucho tiempo no refleja la realidad dominial", acotó.

El jefe de los fiscales concluyó que "se genera entonces para la funcionaria una obligación de oponerse al eventual decomiso, y aún a la mantención del embargo al no ser el encartado ya titular del bien, lo que configura una causal razonable de apartamiento, objetivo, posterior y que nada tiene que ver con los injuriosos pretendidos por los recusantes en su momento" y por eso aceptó su excusación.

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