El pedido de la Cámara Nacional Electoral apuntaría a los fondos que se deberán destinar a la habilitación de personal para cubrir las elecciones y al presupuesto en razón de la organización de los debates presidenciales, entre otros puntos. Según la ley 27.337 en las próximas elecciones habrá dos debates obligatorios para todos los candidatos (uno en la Ciudad de Buenos Aires y otro en el interior del país) y un tercero en el caso de que haya segunda vuelta.
Además, exhortarían al Poder Ejecutivo a que asegure "la oportuna disponibilidad de las partidas mínimas indispensables para cada uno de los distintos organismos que tienen a su cargo funciones y responsabilidades legales en el proceso electoral nacional".
Uno de los principales reclamos al Ejecutivo apunta a la demora en los fondos destinados al personal que se dedicará a la tarea electoral. Por eso piden que el Ministerio del Interior (que tiene a cargo la tarea electoral) transfiera "la totalidad de los fondos correspondientes para la habilitación de servicios personales (horas extras y contratos electorales) conforme los requerimientos del fuero".
En el escrito los jueces recuerdan que en cada elección "este fuero debe requerir al Poder Ejecutivo nacional la asignación y transferencia al Poder Judicial de los correspondientes recursos económicos" y destacan que el "derrotero administrativo" suele generar "demoras y dificultades para llevar a cabo las tareas propias e imprescindibles del cronograma electoral".
Según los magistrados, "en numerosas oportunidades" le habían reclamado al Gobierno para el proceso electoral actual "la urgente necesidad de contar con las partidas presupuestarias destinadas a solventar el personal" en las 24 provincias, pero hasta ahora no habían obtenido respuestas. Incluso recuerdan que el reclamo fue planteado al Ministerio del Interior en una reunión que mantuvieron junto a los jueces electorales de todo el país el pasado 25 de febrero.
En el texto también recuerdan que aún les adeudan los montos para que las Juntas Electorales Nacionales "afronten los gastos de funcionamiento -libros de actas, útiles y provisiones- del proceso electoral" y también los insumos informáticos para la impresión de actas, certificados y telegramas, y de un sistema integral de logística, seguimiento y monitoreo del proceso electoral.
Por último, los jueces realizan una crítica al pedido de "reducción del presupuesto" que le exigió el Ejecutivo al Comando General Electoral (CGE) y que podría poner en riesgo la seguridad de los comicios. "Ese organismo que tiene a su cargo la custodia del proceso electoral (por el CGE) se ve constreñido a prever una disminución de los efectivos desplegados y las reservas para la seguridad de los comicios" y aseguran que esta medida "resulta evidentemente desaconsejable".
