Según el diario La Nación, será otro eslabón en la "reivindicación" de los miembros de las fuerzas de seguridad tras la implementación del nuevo protocolo que permite a los policías federales, entre otras acciones, disparar sin dar la voz de alto y la implementación de las Taser, pistolas de descarga eléctrica.
"Los derechos humanos son para todos los ciudadanos y hasta hoy las fuerzas de seguridad estaban excluidas. Debían ser garantes de los derechos humanos de la ciudadanía, algo que son, pero no eran concebidas como sujetos de este derecho", explicó Patricia Bullrich.
Desde Seguridad también aclararon que no se trata "bajo ningún punto de vista de una revancha", sino que la meta es igualar derechos y "poner la prioridad en la víctima y no en el victimario".
"Hoy con uniforme no hay derechos humanos. No restringimos nada, estamos dando un paso para completar la acción de los derechos humanos en la Argentina", explicó Daniel Barberis, director de Violencia Institucional de Seguridad.
El Ministerio de Seguridad trabajó en la puesta en marcha de la unidad con la Secretaría de Derechos Humanos, que lidera Claudio Avruj. "Está bien la decisión. Está enmarcado en el plan nacional de derechos humanos", describió el secretario.
La nueva unidad buscará respaldar a los integrantes de las fuerzas de seguridad federales que sufran maltrato.
La unidad tiene como objetivo "lograr una acción reparadora de los daños causados por agravios a los derechos humanos de los miembros de las fuerzas policiales y de seguridad federales, ya sea por otros miembros de las fuerzas o bien por ciudadanos"
No se trata de una reparación económica, sino del respaldo institucional frente a los daños causados por agravios, ya sea por otros miembros de las fuerzas de seguridad o por ciudadanos. "Tienen que saber que estamos con ellos. Estamos convencidos de que los derechos humanos tienen que ser integradores", describieron fuentes oficiales.
El área tendrá la obligación, ante una denuncia, de "relevar información y producir estudios de diagnóstico que permitan identificar las fortalezas y debilidades de la normativa relativa a la protección de los derechos humanos de los efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad federales".
Además, según la normativa que hoy se publica en el Boletín Oficial, el objetivo de la unidad es "contribuir con acciones e iniciativas que persigan el objetivo de ampliar y garantizar la efectiva protección de los derechos humanos de los efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad federales".
Y también "fortalecer la cultura del respeto y el ejercicio de los derechos humanos a través de la formación, promoción y difusión de los derechos humanos en las distintas etapas de formación y capacitación de los efectivos de las fuerzas policiales y de seguridad federales, coordinando estas acciones con las áreas competentes del Ministerio".
Además, impulsará programas de acción con el objeto de realizar estudios, investigaciones y relevamientos sobre conculcación, privación o restricción de derechos humanos de los integrantes de las fuerzas de seguridad nacionales.
"No es contra nadie. Lo que buscamos es mejorar la relación de las fuerzas de seguridad con sus autoridades y la sociedad", explicaron desde el ministerio de Bullrich.
Según Avruj, la nueva área servirá para profundizar en las fuerzas de seguridad la mirada sobre los derechos humanos y permitirá, entre otras cuestiones, poner fin a las "persecuciones" dentro de las fuerzas de seguridad federales.
El Gobierno reconoce que el tema podría generar un fuerte rechazo de las organizaciones de derechos humanos, en particular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista Horacio Verbitsky, y de la asociación Madres de Plaza de Mayo, entre otras.
