El dictamen favorable de la comisión avala la propuesta de De Angeli que apunta a establecer el uso de warrants o certificados de depósitos para todas las operaciones sobre bienes o productos de cualquier naturaleza producidos en el país como en el extranjero, caso en el que deberán someterse a las disposiciones aduaneras.
La propuesta modifica la ley vigente, ya que amplía el ámbito de aplicación, el plazo de vigencia de los certificados del warrant y del certificado de depósito, define el carácter del depósito en el que las empresas pueden realizar la operatoria -propios o de terceros; establece la posibilidad de negociación del warrant como título de crédito en el mercado financiero y de capitales; las inhabilidades e incompatibilidades para formar parte de la sociedad emisora, e incorpora como requisito para ello, la presentación de un certificado de antecedentes judiciales .
El proyecto establece que "los emisores de certificados de depósito y/o warrants serán personas jurídicas, debiendo tener previsto en su objeto social el almacenamiento, guarda o conservación de bienes o productos y cumplir, para su funcionamiento, con los requisitos exigidos por esta ley y contar con la autorización expresa de la autoridad de aplicación que será el Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Para emitir los certificados de depósito y/o warrants y operar como depositario, las sociedades de depósito deberán acreditar que se posee el capital mínimo cuyo monto y forma de integración será determinado por la Autoridad de Aplicación.
El texto de ley establece quiénes no podrán integrar una sociedad emisora de certificados de depósito y warrants, y legisla sobre las condiciones de los depósitos, bienes o productos en tránsito; los certificados, los requisitos de su endoso, la negociación de los certificados de depósito y warrants en mercados autorizados por la comisión nacional de valores y también el régimen de depósito y legisla sobre los casos de extravío, hurto, robo o inutilización de estos documentos.
