La iniciativa obtuvo dictamen favorable el pasado 16 de octubre en la Comisión de Legislación General, presidida por Daniel Lipovetzky (Pro), que recibió aportes de los actores involucrados luego de que el propio presidente Mauricio Macri alentara el debate.
El proyecto quedó así en condiciones de ser tratado en el recinto, pero a pesar de negociaciones de último momento, no hubo consenso en torno a la redacción final, y Macri finalmente no incluyó el tema en la convocatoria a sesiones extraordinarias en diciembre, con lo cual la media sanción caducará a fin de mes.
"Desde hace tres años, junto a mi equipo de trabajo y el Frente Nacional de Inquilinos, venimos trabajando para que este proyecto sea ley. No vamos a bajar los brazos y este año insistiremos con su representación, incluyendo los aportes y actualizaciones consensuadas en ambas Cámaras", anticipó García Larraburu.
La legisladora explicó que "la iniciativa busca modificar el Código Civil y Comercial de la Nación, con el objeto de mejorar las condiciones de los contratos de alquiler con destino habitacional y evitar abusos".
Según la rionegrina, "se pretende dar respuesta a la inflación que afecta de forma ascendente a todos los inquilinos que hay en la Argentina. La reforma propuesta transparenta el mercado y protege a los actores que participan de estos contratos".
Añadió que "más de 7 millones de inquilinos en todo el país esperan esta ley, mientras deben adaptarse a las crecientes exigencias del mercado inmobiliario sin poder de negociación ni resguardo de sus derechos".
El proyecto establece un mecanismo de actualización semestral para los contratos de alquileres -el Senado había votado un reajuste anual-, con un valor que resultaría de un promedio entre la inflación (IPC) y el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) medidos por el Indec.
Para las locaciones destinadas a vivienda, el plazo de duración del alquiler se extendería de dos a tres años, y además no podría pedírsele al inquilino el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes; ni depósitos de garantía mayores al importe equivalente a un mes.
"Las familias argentinas viven en constantes mudanzas, por eso se viene planteando un plazo de contrato mínimo de tres años siguiendo la tendencia mundial, y un índice de actualización anual que sea ecuánime y brinde estabilidad y certidumbre a las contrataciones", subrayó García Larraburu en un comunicado.
Por último, la senadora insistió en que "este proyecto cuenta con el apoyo y militancia de las agrupaciones de inquilinos de todo el país, que desde el Frente Nacional de Inquilinos, hace más de 7 años vienen reclamando por una solución a la evidente desigualdad en los contratos locativos. No podemos dilatar más la sanción de esta norma".
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