Política Nuevos imputados en la causa

Contratos: Medidas restrictivas a ocho imputados acusados de "reclutadores"

Fiscalía solicitó que no puedan salir del país sin su "acuerdo", los ocho nuevos imputados en la causa de los contratos en la Legislatura. Los involucrados habrían cumplido un rol menor en la organización investigada.
La jueza de Garantías Marina Barbagelata aplicó hoy medidas coercitivas por 90 días para un grupo de 8 personas a quienes la Fiscalía sindica como pertenecientes a la "organización" dedicada a defraudar a las arcas de la Legislatura entrerriana mediante contratos truchos de personas, manioabra según la cual se estima un desfalco del orden de los $1.235 millones a lo largo de diez años, entre 2008 y 2018.

Jorge Pablo Valladares, de 38 años; Alejandro Rubén Ferreyra, de 31 años; Viviana Giselle Mena Giovenni, de 37 años; María Jazmín Mena Giovenni, de 35 años; Andrea Noemí Demartín, de 29 años; María Macarena Álvarez, de 29 años; Fernando Gastón Sarnaglia, de 31 años; y Verónica Caíno, de 44 años, este lunes prestaron declaración de imputados en la causa que investiga a una supuesta "organización que se ocupaba de sustraer dinero del patrimonio de la Legislatura Provincial, a través de la realización de contrataciones de obra en nombre de ambas Cámaras, con personas que no realizaban ninguna prestación a favor del Estado, y percibían una ínfima parte de los honorarios pactados, quedando el resto de ellos en poder de la organización".
Medidas de coerción
La jueza de Garantías Nº1, Marina Barbagelata, resolvió hacer lugar al pedido de los fiscales Patricia Yedro e Ignacio Aramberry, y les impuso medidas de coerción "básicas" por el plazo de 90 días. Las medidas consisten en restricciones mínimas destinadas a conjurar el peligro de entorpecimiento de la investigación, publicó ElDiario. En este sentido se les impuso la prohibición "total" de comunicarse con los 350 supuestos contratados que tiene determinados Fiscalía.

En este sentido, se acordó incorporar a la audiencia el listado porque los nuevos involucrados aseguraron, en la declaración de imputados que se les tomó momentos antes de la audiencia de medidas de coerción, que no los conocen.
También deberán estar a disposición de Fiscalía para cuando se los requiera, puesto que en poco tiempo se les tomará una muestra de cuerpo de escritura para futuras pericias, y deberán contar con el acuerdo de Fiscalía si necesitan viajar al exterior.
Esto no constituye una prohibición, puesto que de negarse Fiscalía a ceder el derecho, los imputados podrán recurrir la decisión ante un juez.
Con roles menores
Aramberrry precisó que desde el Ministerio Público Fiscal se entendió que "el riesgo de entorpecimiento es menor al del resto de los imputados. Ellos no tenían poder decisorio en cuanto a lo que implicaba la organización. Todos constituyeron domicilio, tienen empleos y perciben sueldo, lo que nos ha llevado a solicitar esta medida que es menor que las del resto".

Sin embargo, más adelante, el fiscal tuvo una expresión contradictoria. Fue cuando reiteró que el grupo "no tiene el rol decisorio" que se les atribuye a los otros imputados que están privados de la libertad con prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná, añadiendo que aquellos "tampoco la componían" a la organización.
También coadyuvó a que se privilegiaran las leves medidas, que los nuevos imputados no son funcionarios públicos y que tienen empleos "formales o informales, pero no vinculados con la administración pública".
Los detenidos
Por su parte, Yedro enmendó el yerro de su colega al precisar que "los que manejaban el dinero están detenidos". Así, ante el requerimiento de la magistrada, precisó que se les atribuyó a los ocho el mismo hecho que se les imputó a Flavia Marcela Beckman, Hugo Ruben Mena, Hugo Américo Luna, Esteban Ángel Alberto Scialocomo, María Victoria Alvárez, Alfredo Bilbao, Roberto Ariel Faure, Sergio Esteban Cardoso, Gustavo Hernán Pérez y Juan Domingo Orabona.
Reclutadores
Yedro indicó que los ocho actuaron como "reclutadores de los beneficiarios contratados, manejaban las listas con nombres y apellidos" y aseguró que "ellos los conocían perfectamente" a los trescientos cincuenta contratados, a quienes "reclutaban y les cobraban los cheques endosados".
Los defensores, de acuerdo
A su turno, las defensas, Patricia Valín y Miguel Ángel Cullen, por Caíno, y José Velázquez, por el resto de los imputados, dieron su consentimiento a las medidas, destacando la racionalidad de las mismas.
Incluso Cullen señaló, en respuesta a una pregunta de Barbagelata, que "no habíamos arribado a un acuerdo, pero porque no sabíamos el detalle de la solicitud de los fiscales. Estamos absolutamente conformes porque son medidas restrictivas básicas, las verdaderas, las que deben ser".

La posición de las defensas encontró eco en el análisis que hicieron de la audiencia fuentes judiciales que siguen la causa. Así, se vislumbró que la audiencia se realizó "para exponer a los imputados a la prensa. Este tipo de medidas tan leves se resuelve entre los fiscales y los defensores en el mismo acto de declaración de imputado, como sucede muchas veces" y añadieron que "quedó la impresión que hasta la misma jueza se sorprendió por la audiencia, ya que las defensas no se opusieron a lo que solicitó Fiscalía".

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