Sin embargo, las negociaciones se complicaron luego de que las empresas reclamaron que el pago fuera tomado como un anticipo de futuros aumentos.
Sectores empresariales, como la UIA y la CAME, se resisten también a que el aumento tenga carácter obligatorio y a que se tome por igual a compañías grandes y pequeñas. Las diferencias en torno a la implementación postergaron la definición del decreto.
Por cuerda separada, y en un clima de mayor acuerdo, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra, comenzó a negociar ayer un pago adicional para los estatales nacionales, que podría ser de entre $3000 y $6000. "Pedimos que haya una ventana que permita que no sea un sacudón para las pymes que no tienen actividad ni recursos para afrontarlo", afirmó en declaraciones radiales el vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, en un anticipo de la postura crítica de los industriales. Fuera de micrófono, desde ese sector se enfatizaba que "las pymes son el gran problema, no pueden afrontar esas subas y no puede ser obligatorio".
Por la tarde, una propuesta de esa cámara para darle al bono carácter de anticipo "a cuenta de futuros aumentos" provocó el enojo de la CGT y la amenaza de volver a impulsar el paro de 36 horas que la cúpula sindical venía analizando antes del llamado al diálogo del Gobierno.
Fue el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, quien blanqueó por la mañana la idea de que el bono sea "obligatorio para todo el sector privado", pero haciendo la salvedad de casos particulares de empresas que no lo puedan afrontar.
Varias provincias, entre ellas Santa Fe y Mendoza, ya advirtieron que no podrán sumarse a la iniciativa por no contar con fondos suficientes.
Estatales
Además de la negociación con los privados, Ibarra y Andrés Rodríguez (UPCN) comenzaron a negociar un plus para los 210.000 mil estatales nacionales. Sería, según fuentes del Gobierno, de entre 3000 y 6000 pesos, y pagadero en cuotas. La mayoría de las provincias anticiparon sus dificultades para equiparar el bono.
