El organismo fue creado transitoriamente en septiembre por el procurador general Jorge García por una resolución. Esta decisión la tomó luego de que su sugerencia para crearla por ley, como lo establece la Constitución, sea rechazada en la Legislatura al final del 2015. Funciona interinamente y sin estructura, a cargo de Cecilia Goyeneche. La procuradora adjunta, desde esta plataforma, concentró los casos de corrupción. Coordina las investigaciones y lleva un control exhaustivo de todos los legajos en los que se investigan delitos contra la administración pública. La creación de la nueva fiscalía requiere un concurso. Lo dice el artículo 208 de la carta magna reformada en 2008 que incorporó este organismo. La designación será a través del Consejo de la Magistratura y la Procuración "asegurará los medios, el apoyo tecnológico, la continuidad y estabilidad, para el cumplimiento de su cometido".
Si Goyeneche quiere seguir en el cargo deberá inscribirse en el concurso. El proceso, entre la convocatoria, la inscripción, la presentación de antecedentes, la prueba escrita, oral y la entrevista, puede llevar un año. Luego se eleva una terna al Ejecutivo para que el Senado le dé acuerdo al pliego.
La procuradora adjunta está llevando adelante, junto a Ignacio Aramberry y Patricia Yedro, la investigación más importante que pesa sobre la dirigencia política. Se trata de la causa en la que se sospecha que en la Legislatura se montó un mecanismo de recaudación fraudulento con contratos leoninos en el que a través de la figura de los "prestanombres", se recaudaban cifras siderales.