Lo hizo al interponer un recurso para que la Corte Suprema de Justicia revoque la absolución por hechos que tuvieron lugar entre 1991 y 1994.
"La sentencia recurrida que arbitrariamente consideró lesionada la garantía de ser juzgado en un plazo razonable y en consecuencia declaró extinguida la acción penal y absolvió a los imputados, causa un agravio concreto a este Ministerio Público Fiscal en tanto tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad", dijo Pleé en el dictamen.
A principios de mes, la Cámara Federal de Casación Penal absolvió al ex presidente Carlos Menem al considerar que no se cumplió el "principio del plazo razonable" para arribar a una condena firme.
El tribunal, integrado por Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, se expidió en el marco de la causa que se inició en 1995, luego de 23 años de recorrido judicial.
El senador nacional fue condenado a siete años de prisión por el caso, pero nunca llegó a estar firme la sentencia y ahora fue absuelto.
El 7 de noviembre de 2011 el Tribunal Oral Federal 3 absolvió a los acusados, entre ellos Menem, pero dos años más tarde la Cámara Federal de Casación, con otra integración a la actual -Juan Carlos Gemignani, Luis Cabral y Raúl Madueño-, anuló esa decisión.
Así, el Tribunal 3 fijó las penas y en ese marco el senador de La Rioja recibió siete años y medio de prisión, algo que luego apeló y no llegó a quedar firme.
Los jueces Riggi y Catucci entendieron que hubo un "exceso temporal" para resolver sobre las condenas de los acusados.
En su voto, Catucci consideró que no existió delito de contrabando en el hecho, sumado a que están vencidos los plazos; en tanto que Riggi solo habló del exceso de tiempo para juzgar.
Por su parte, el tercer juez, Carlos Mahiques, votó por condenar a todos salvo a Menem y Jorge Antonio Cornejo Torino, quien fuera director de Fabricaciones Militares.
La venta ilegal de armas fue la primera sentencia contra Menem, ya que en diciembre de 2015 fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por el pago de sobresueldos a funcionarios de su gobierno, decisión que está pendiente de revisión en la Sala II de Casación.
