Los efectivos se presentaron en la vivienda ubicada en la zona de la Toma Vieja, donde vive la pareja, acompañados por una tasadora del Poder Judicial y provistos de una orden para constatar el estado general del inmueble, como así también determinar los bienes muebles que ambientan la casa, a fin de establecer el valor general y, entonces, avanzar en el descubrimiento de lo que pudiere formar parte del incremento patrimonial injustificado atribuido a Canosa y Montefiori, publica Página Judicial.
El procedimiento había sido autorizado por la jueza de Garantías Marina Barbagelata, a pedido de los fiscales Juan Francisco Malvasio y Santiago Brugo, que tienen a su cargo la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
La investigación se inició a partir de una denuncia promovida en diciembre de 2016 por el senador radical Raymundo Kisser, a la que luego se sumaron diputados de Cambiemos con otra presentación en la que aseguraron que Canosa "disfruta viajar mucho a lugares caros y lujosos. Veraneó en Buzios, en el Conrad de Punta del Este, en los centros de esquí de Las Leñas y Ushuaia, en compañía de su esposa, sus dos hijas y una niñera, todo en avión, en hoteles cómodos y lujosos o con todo incluido".
Los legisladores también expusieron sus sospechas sobre ciertos acuerdos que habría realizado Canosa con mutuales y financieras mientras fue presidente de Sidecreer, entre 2007 y 2015. Decían que "la entrada de las mutuales, las contrataciones de servicios a cualquier precio y el despilfarro convirtieron un imperio en una catástrofe económica, esta situación fue advertida en informes llegados a distintos despachos e informes periodísticos".
De las primeras indagaciones que hicieron los fiscales surgieron algunas inconsistencias en el patrimonio del ex presidente de Sidecreer.
Ante esa situación, los fiscales decidieron ampliar la investigación e imputar también a su esposa, la ex defensora pública Paula Montefiori, que hace unos meses designó a Guillermo Vartorelli como su abogado defensor.
