La decisión de que los delitos contra la integridad sexual de los menores dejen de ser de acción privada implica que el Poder Judicial debe investigar de oficio.
A partir de esta reforma, si se conoce que un menor fuera víctima de abuso sexual, cualquier ciudadano puede hacer la denuncia y el Estado está obligado a investigar los hechos denunciados aunque no hayan sido ratificados por los tutores del niño, niña o adolescente.
El proyecto había sido presentado por la diputada Carla Carrizo (Evolución) en la Cámara baja.
"Hoy, la necesidad de que el padre, madre o tutor de la víctima ratifiquen la denuncia, es un obstáculo para que haya justicia", explicó la legisladora.
Y agregó: "Lamentablemente, en el 90% de los casos el abusador es un familiar varón de la víctima. Consecuencia: se denuncia apenas el 10% de los casos y se condena menos del 1%".
"Gracias a la valiente lucha de las mamás protectoras votamos la ley que declara al abuso sexual infantil como delito de instancia pública. Esto va ayudar al Estado a defender a los niños y niñas víctimas de abuso sin necesitar una denuncia previa por parte de sus padres o tutores", celebró por su parte la senadora Gladys González.
Y completó: "De ahora en más el Estado va a poder actuar de oficio, escuchando y protegiendo a los niños, niñas y adolescentes abusados para que puedan tener una vida libre".