Hoy publicó el decreto 882/2018 en el Boletín Oficial, ya que entre Correo Argentino y el Gobierno se abrió una causa penal, que está a cargo del juez Ariel Lijo y en la que están imputados Macri y el actual ministro de Defensa Oscar Aguad.
Además hay dos expedientes administrativos: uno de la OA y otro de la Procuración del Tesoro.
Ambos organismos concluyeron que no hubo irregularidades, pero la resolución que adoptó la Procuración fue apelada por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien entendió que la investigación fue incompleta.
Macri debería resolver esta apelación, pero lo hará la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti.
"En tanto mis familiares (?) mantengan sus participaciones societarias en las empresas controlantes de CORREO ARGENTINO S.A. considero encontrarme alcanzado por el deber de abstención que dicha norma legal impone, motivo por el cual, razones de decoro, delicadeza y transparencia en el ejercicio de la función pública resultan el fundamento pertinente para proceder a mi excusación en la intervención que pudiera corresponderme respecto de cualquier asunto relacionado con la mencionada empresa", afirma el decreto.
El Correo Argentino es una empresa de la familia Macri que en 2001 dejó de pagarle al Estado nacional el canon y en 2003 fue estatizada por ek ex presidente Néstor Kirchner.
Por la deuda, se inició una causa judicial por el saldo original de 296 millones de pesos.
En ese expediente, el Gobierno y la empresa llegaron en junio del 2016 a un acuerdo de pago. Pero la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, lo objetó por "abusivo y perjudicial" para el Estado y pidió que sea rechazado. Sostuvo que implicaba una quita del 98,2% de la deuda porque no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba 4.227 millones de pesos.
El caso generó críticas políticas. Tanto la oposición como algunos dirigentes del oficialismo objetaron que desde el mismo Estado que encabeza Macri se haya hecho un acuerdo con una empresa familiar. Luego, el Gobierno retiró de la justicia el acuerdo con el Correo. La causa comercial sigue abierta y la deuda de la empresa vigente.
