La exposición, que se dio ante los reiterados casos de fumigaciones sobre escuelas rurales, la falta de respuestas por parte del Estado a las numerosas denuncias y la invisibilización de la problemática que afecta a la comunidad, ingresó a la Cámara Segunda de Paraná el pasado 23 de agosto. "La sentencia nosotros la apelamos y es lo normal que hacemos con los fallos, porque no podemos dejar firme una sentencia de primera instancia", explicó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes al sitio Agenda Abierta. "La apelación es un escrito en el cual solamente se manifiesta que se aprueba", relativizó sobre la posición oficial respecto al fallo de Benedetto. "Los fundamentos los vamos a tener mañana (jueves) o el viernes por la mañana. No es que estemos en desacuerdo con el tema de la protección al ambiente, pero la cuestión es que aplicada la sentencia, del modo que está redactada, hay una cantidad de complicaciones que tendríamos", explicó.
"Quiero dejar a salvo que nadie está en desacuerdo con establecer todas las protecciones posibles", insistió Signes. "Como está planteada la sentencia nos genera más problemas que soluciones", puntualizó el Fiscal; y adelantó que va "a tener una reunión con el Secretario de Producción, el Secretario de Ambiente, con las entidades agropecuarias y las entidades ambientales. Voy a analizar a fondo el tema". Con la acción de amparo ambiental se conquistó una orden judicial para que el Estado tenga que establecer "una franja de mil metros alrededor de las escuelas rurales libre de uso de agrotóxicos". También se había exigido una zona de resguardo consistente en una barrera vegetal que impida o disminuya "el egreso descontrolado de agroquímicos hacia los centros educativos" y un "sistema de vigilancia epidemiológica sobre los niños, niñas, adolescentes, personal docente y no docente que asistan a todas las escuelas rurales. Estableciéndose los pertinentes estudios y análisis de sangre, orina y genéticos de los menores que sus padres consideren oportuno".
