Política El debate en El Ventilador

Discapacidad: ¿control o ajuste?

Luego de que el Gobierno Nacional anunciara que se revisarán las pensiones por discapacidad, en El Ventilador se analizó la situación de los involucrados en el tema, con padres, especialistas y periodistas.
Una resolución de la Agencia Nacional de Discapacidad publicada en el Boletín Oficial la semana pasada, estableció que todo aquel que haya sido notificado de una baja en su pensión, tiene 10 días para presentar ante la ANSES la documentación respaldatoria de que cumple con los requisitos necesarios para ser beneficiario de una pensión por invalidez.

¿Y qué pasa si no lo hace? El aporte cae automáticamente y el trámite para reparar el daño será a todas luces engorroso, aseguran especialistas en la temática.

Mientras la información oficial ha causado mucha confusión, se cree que la decisión se amparará en un polémico decreto del año 1997 que establece requisitos restrictivos para acceder a la pensión. ¿Qué tiene que hacer una persona con discapacidad ante esta noticia? Y teniendo en cuenta que en muchos casos se trata de gente que vive sola o que no cuenta con los medios para defenderse, ¿A dónde recurre? ¿Alguien se acerca a ellos para corroborar su situación?

Por otro lado: si interpretamos que con esta medida se busca atacar los vicios del sistema y que efectivamente existen casos de pensiones otorgadas por clientelismo político, a dedo o por error: ¿cómo se llega y qué sanción reciben los responsables de estas decisiones?
Este martes, en El Ventilador... discapacidad: control o ajuste?
Radiografía de la discapacidad en Entre Ríos
Según la OMS la discapacidad es toda limitación en la actividad y en la participación de una persona originada en su condición de salud o en factores del contexto en el que vive que de alguna manera restringen la posibilidad de que pueda desenvolverse en su vida cotidiana.

El último censo del Indec del 2010 reveló que sobre el total de la población entrerriana, un 11.7 por ciento tenía algún tipo de discapacidad, es decir más de 142 mil personas. El número es mayor en comparación al último registro.

La principal discapacidad entre las personas censadas en ER es la visual y son las mujeres las que en su mayoría tienen esta condición a la que le sigue la discapacidad de movimiento o motora, también con más mujeres que varones a la cabeza. Después vienen la discapacidad auditiva y por último la discapacidad cognitiva.

El desarrollo integral de las personas con discapacidad y su acceso en iguales condiciones y oportunidad que el resto de los habitantes; está previsto por ley nacional y provincial y es el Estado el principal promotor de que esto se cumpla. ¿Lo hace, en qué medida? ¿Es eficiente la cobertura en salud y seguridad social?



El conductor del programa Lalo Foncea planteó: " ¿Sabemos cuántas son las personas con discapacidad que viven en nuestra provincia? ¿Dónde se encuentran y en qué condiciones viven? ¿Cuándo fue el último censo que relevó a esta porción de la población?"
"El decreto es discriminatorio y además, malvado"
Sebastián Santana, quien padece una discapacidad, afirmó: "No tengo el beneficio de la pensión, recibí una pensión heredada de mi papá. Si yo la pedía no me la iban a dar, porque como yo estaba viviendo con mis padres, y él tenía una pensión, no me la iban a dar".

Para Santana, el decreto 432/97 "es discriminatorio, pero además, malvado, ya que te empuja a que un discapacitado no tenga ni siquiera la oportunidad de casarse y contribuir en su hogar, porque aunque no era mucho, ayudaba. Para recibir la pensión uno prácticamente tiene que estar en la calle".

"Vos, con 5000 o 6000 pesos tenés que pagar un alquiler, comer, vestirte? Yo no sé qué tanto pueden cuidar desde el Estado si a las personas millonarias de este país se les condonan deudas altísimas. Con los recortes que están haciendo en Salud, como en discapacidad, que son áreas muy sensibles, esto es una miguita respecto de lo que se está perdonando. Que no nos digan que no nos preocupemos, yo sí me preocupo, porque si bien no me toca, tengo mucha gente conocida que si está preocupada, porque ese poquito era todo lo que tenían", puso relevancia el hombre.

Al mismo tiempo contó: "Si yo decidía optar por la pensión del Estado tenía que renunciar a la pensión que me dejaba mi papá, además de la obra social".

Santana puso relevancia que teniendo la obra social que recibió con la pensión de su padre "tenemos muchos problemas, con cuidadores, acompañantes terapéuticos, que cobran hasta 60 días después de rendir el servicio, además se les ha aumentado muy poco teniendo en cuenta la inflación".
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"Deberíamos plantear que se derogue el decreto e impulsar vía legislativa un cambio"
Joaquín Gareis, Asesor Legal de Apana, indicó que "el decreto Nº 432 dice que el beneficio de la pensión no contributiva se obtiene solo si no existen otros ingresos, pero no especifica un número en concreto. Se entendería como un salario mínimo vital y móvil. A los efectos de obtener esta pensión no contributiva se establecen una serie de requisitos que son los que hoy se ponen en tela de juicio porque la pérdida de uno de estos requisitos que dan origen al otorgamiento de la pensión pueden llegar a la causa de una suspensión o una caducidad de la pensión".

"Con la Reforma del Código Civil y Comercial el concepto de discapacidad es absolutamente excepcional, por eso los trámites se tienen que actualizar. Puede suceder que una persona esté ante una situación en la que supere su discapacidad; otra de las cuestiones que se pueden dar es que obtenga otro recurso o de que contraiga matrimonio con una persona que tenga un sueldo. En esos casos dejaría de cobrar la pensión", explicó.

En ese sentido, manifestó que "una cuestión es la apreciación ideológica que uno puede hacer del tema y otra es lo que la ley dice. Objetivamente estamos parados frente a una normativa, de un decreto que está vigente y que no ha sido derogado por el presidente de la nación y que lo están aplicando. Viene a instrumentar la aplicabilidad con plazos y procedimientos para evitar incursionar en una situación que hubiera ocurrido en el año anterior. Creo que salvo la vía judicial, deberíamos plantear que se derogue el decreto o impulsar vía legislativa un cambio, un ajuste del decreto al paradigma actual que plantea la Convención de Protección de Derechos para Personas con Discapacidad".

"La notificación no significa la suspensión, pero es muy importante que se haga la comunicación y pida el turno, que no se deje pasar el plazo que se lo otorga porque eso es bajo apercibimiento de dar por suspendido el beneficio. Si lo pierde debe dirigirse a ANSES y hacer dos trámites: o renunciar al beneficio o hacer un descargo. En este último deberá establecer probatoria y defender el derecho a continuar recibiendo el beneficio. En función de eso se hace una evaluación", remarcó.
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"Tiene que haber control, pero son familias vulnerables desde el nacimiento de sus hijos"
Miriam Berón, Vicedirectora de Apana, señaló que "la problemática se refleja en todos nuestros padres y todos los días estamos pendientes. Dentro de los papás cuyos hijos poseen la pensión, hay mucho temor por lo acotado del tiempo para responder a un telegrama. La institución está alerta tratando de auxiliar a esta familia que tiene temor en este momento de que su hijo se quede sin la pensión".

"No hemos tenido hasta el momento novedades de que se haya dado la baja en algunas pensiones. Los padres están prestando mayor atención y muchos tienen que recurrir al trámite de supervivencia donde tienen que declarar permanentemente que no poseen otra entrada más que la pensión. Ese trámite antes se hacía cada tres meses, actualmente se hace por mes", comentó.

Y agregó: "tiene que haber un control. Son familias ya vulnerables desde el nacimiento de sus hijos y no tienen los recursos para hacerse escuchar o buscar los medios. Contamos con una población con una situación económica difícil".

"A raíz de la problemática tuvimos que tomar distintos caminos para hacerle frente a la situación. En un momento nos vimos muy apremiados financieramente. Las instituciones nos reunimos a través de un foro para poder luchar juntas. Junto a la obra Don Uva y a San Francisco de Asís, comenzamos esta serie de movilizaciones. Es para tener un frente fuerte, solos era imposible", consideró.

Además, dijo que "los papás son grandes luchadores desde que nacieron sus hijos y día a día luchan con trámites, burocracia, exponiendo a sus hijos para poder dar relevancia a los derechos. Esto es un trámite y lo harán una vez más, están acostumbrados".
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"No se puede poner en tela de juicio un sistema integral de protección"
Alfonsina Angelino, Trabajadora Social, manifestó que "la Facultad de Trabajo Social desde hace 20 años tiene el programa La Previsión Social de la Discapacidad, que es un programa de extensión con mucho énfasis en las organizaciones. Nosotros hicimos una jornada donde hubo asesoramiento y consulta gratuita en situaciones de validación de derechos. Nos parecía que nuestro aporte desde nuestro lugar, era brindar información lo más clara posible que permitiera bajar un poco el temor porque es real que en un contexto como el que vivimos esta noticia del recorte genera pánico. Fue una reunión de la que participó mucha gente y seguramente repetiremos. Queremos ofrecer información, la poca que hay y un espacio de asesoramiento en el caso de que la persona sea notificada fehacientemente de la posible suspensión del derecho".

"En un contexto de ajuste y recesión, estas medidas atemorizan. Más allá de que la gente haya recibido o no, esto genera una sensación de fragilidad y vulnerabilidad. El aporte que podemos hacer en principio es brindar información y acompañar", agregó.

En ese sentido, dijo que "la Convención Internacional de Naciones Unidas indica que la discapacidad debe ser entendida como la interacción de un medio social discapacitante con alguna característica personal de la persona. La incapacidad laboral deviene de entender la interacción de la singularidad de ese sujeto con un entorno que no le habilita la posibilidad efectiva de una trayectoria educativa laboral de integración. Hablamos de ampliación de derechos porque la interacción social de esa singularidad con el medio que sigue siendo excluyente, inaccesible y no produce mejores condiciones. La ampliación del derecho no refiere solo a si podés trabajar o no".

"La mirada integral es fundamental porque el cambio paradigmático que implica la convención a lo que alude es que la condición de discapacidad no tiene que ver solamente con la situación derivada del diagnóstico, sino con la interacción de ese diagnóstico que sigue siendo excluyente. El reconocimiento del derecho es singularísimo a la persona y no debería ser incompatible con el ingreso de un familiar", dijo.

"Conocer a alguien que tiene una pensión y no debería tenerla no puede poner en tela de juicio un sistema integral de protección. Hablamos de un colectivo de personas vulnerado y que hay situaciones X que habrá que atender", señaló.

Consideró que "este control se podría haber hecho de muchas maneras. Cuestionamos el uso indebido de la protección social y no discutimos el uso debido de la quita de retenciones. El que pierde y es sospechado es el que está de base más fragilizado. Debe ser una discusión integral. Es muy fácil cuestionar a alguien que usa la única herramienta que el Estado da para tener algún beneficio".
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"Acá no hay miedo a controles, sino a las políticas de ajuste"
Natalia Pautasso, Acompañante Terapéutica y mamá de Angie, con quien participó del ECADIS, un programa de extensión de la Facultad de Trabajo Social, dijo que "no tengo beneficio de la pensión pero trabajo activamente en discapacidad. Más allá de no tener un beneficio esto nos vulnera a todos. Acá no hay miedo a los controles, sino miedo a las políticas de ajuste y que todo el tiempo amenazan con los recortes. Esto no aparece ahora, sino en 2016 y 2017. En un momento se dieron de baja y no hubo un fundamento de cuál fue la razón. Un fallo judicial resolvió el restablecimiento de estas pensiones suspendidas porque no se las había notificado".

Asimismo, agregó: "la idea de la renovación es para que cuando llegue ese momento ver si esa persona necesita algo más. Luego en el certificado de discapacidad va a figurar esa necesidad. Esto se hace en beneficio para quien tiene alguna necesidad. Los papás y las personas con discapacidad venimos con el trajín de la lucha con las obras sociales, autorizaciones y demás".
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"La provincia se ha hecho cargo de prestaciones de las que tiene que hacer frente Nación"
Andrea Nassivera, de Incluir Salud Entre Ríos, por su parte, dijo: "Es un programa nacional, no es una obra social, y fue creada en el 97 con una finalidad pública para fortalecer a las provincias, mediante la transferencia de recursos para la atención de una población vulnerable, que eran los titulares de las pensiones nacionales no contributivas. Dependió siempre del Ministerio de Salud, las provincias firman un convenio, antes lo hacían con el Ministerio de Salud, ahora lo hacen con la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se establecen derechos y obligaciones para ambas partes y pautas para la administración y funcionamiento del programa. Este convenio regula algunas prestaciones que se tienen que brindar desde las provincias, y algunas que directamente cubría, hoy la Agencia, mediante contratos con prestadores con vínculo jurídico".

Mencionó que este sistema rige para un universo de prestaciones "como hemofílicos, oncológicos, de alto costo. El recorte en la prestación viene desde principios de la gestión nacional (de Macri), se ve mucho más fuerte en las prestaciones de alto costo, y de las que tiene que pagar la Agencia Nacional de Discapacidad. Tiene que ver con Apana, y con instituciones que brindan servicios como centro de día, residencia, hogar, que tienen un convenio directo con Nación".

"Las prestaciones que se brindan mediante la provincia, estamos igual de complicados, ante la falta de transferencia de recursos de Nación, pero por decisión de la ministra de Salud, y con un esfuerzo enorme a través de la decisión del gobernador Bordet, no se han interrumpido, hoy las está cubriendo la provincia con fondos del Tesoro. Pero sí estamos sumamente preocupados ya que tenemos una grave situación respecto de los prestadores a los que Nación les paga directamente, porque se les debe muchísimo. En la provincia hay 19 instituciones (entre ellas Apana, Don Uva, San Francisco de Asis) que tienen convenio con Nación, que brinda prestaciones a más de 520 beneficiarios", dejó en claro la responsable de Incluir Salud.

Asimismo, Nassivera afirmó: "Desde la provincia estamos haciendo múltiples gestiones en Nación para la regularización de las deudas, se han hecho presentaciones formales de todo tipo y estamos en contacto con Nación. Hay un compromiso de regularización de deudas en estas semanas y de hecho, en algunas provincias se ha comenzado a regularizar".

"El régimen de pensiones es viejísimo; en los años `50 no se hablaba de discapacidad con la mirada que está haciéndose ahora, con una visión integral. Se pensaba para situaciones de vulnerabilidad extrema, donde no se podía tener ningún ingreso y estaban pensadas para invalidez. El requisito es incapacidad nacional, o sea el 76 %", dejó en claro.

Al mismo tiempo, Nassivera detalló: "En la provincia hay un padrón de 33441 pensiones. No conocemos a todos los casos, pero en su gran mayoría, son casos de extrema vulnerabilidad, con patologías graves". Acotó que en el caso "de las parálisis cerebrales, requiere una múltiple atención, tratamiento de rehabilitación, farmacológicos. Un tratamiento de rehabilitación cuesta 5500 pesos y un ingreso en relación de dependencia.

"Hace dos años que las pensiones no se están otorgando", acotó.
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"No es un ingreso que sirve para sustentarnos"
Verónica Mendoza pertenece a la Asociación de Padres de niños con discapacidad. Contó que en un principio le sacaron la pensión a su hijo que tiene parálisis cerebral, aunque luego se la restituyeron. "Se le dio de baja, nos juntamos los padres. A mí no se me hizo un previo aviso, fui a retirar el dinero y me encontré con que no estaba. En Anses me dijeron que había sido dada de baja, porque mi marido se encuentra con trabajo en blanco. Les dije que si ellos veían el recibo de sueldo de mi marido y la pensión de mi hijo, no nos alcanzaba. Me mandaban de un lado hacia otro, fui a Defensoría del Pueblo, salimos a buscar soluciones con los padres. Más allá de la pensión había otros beneficios en juego como el traslado de los chicos. Algunos nos dicen que el tema del transporte es comodidad, pero no es así, es una necesidad para ellos, porque los colectivos muchas veces no circulan con las condiciones que deberían, sí o sí hay que trasladarse en sillas de ruedas".

"Si bien es un ingreso económico que nos ayuda con los chicos, pero no es algo muy grande como para sustentarnos con eso. Pedían que ningún integrante de la familia tenga un ingreso, ¿cómo no vamos a tener un ingreso, si son 5000 pesos nada más? Con ese dinero ni siquiera se paga la mitad de los pañales", apuntó la mujer.

Además expresó que "nunca antes había tenido un problema de este tipo. Cuando me la otorgaron me dijeron que iba a ir una trabajadora social a ver el lugar en que vivíamos, las condiciones, nunca se presentaron. A mi hijo este año se le venció el certificado, y concurrí a presentarlo, me dijeron que no necesitaba hacerlo al trámite. Ahí pueden hacer una revisión si se continúa con la discapacidad o no".
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"Debería haber una comisión interdisciplinaria donde presentar los papeles"
Jorge López Regner también pertenece a la Asociación de Padres de niños con discapacidad. "Es en Buenos Aires donde te dicen que sí o no. Además no te atienden".

"Cómo se podría solucionar? Entiendo que es hacer una comisión interdisciplinaria donde se presente la historia clínica, ven a tu hijo y ahí decirte. Creo que la solución es más fácil".

En tanto, contó que el tratamiento de su hijo cuesta "85 mil pesos mensuales".
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"Queremos que se avance en una asignación universal por hijo con discapacidad"
Javier Albornoz es papá de un niño con una discapacidad motriz, de 10 años. "Nadie habla de cómo revertir la situación, me da pena que haya personas que no den datos concretos y justifique las malas prácticas del Estado nacional. Hay un grado muy grande de insensibilidad de meterse con los más vulnerables. Estamos viendo que se están llevando todo el dinero del país. Hay que ver los casos de los barrios más carenciados, esas personas con síndrome de down que no está tratada. Hay muchos casos que es necesario contemplar".

"Hay mucha falta de información desde el Gobierno nacional, hacia las provincias, no les interesa nada. Usan un decreto que está e n incompatibilidad con la Convención Internacional para las personas con discapacidad, vienen y lo aplica. Me llama la atención que no sea derogado", afirmó.

El hombre entendió que a partir del momento en que se quitaron las pensiones "hubo un momento de fortalecimiento en Paraná, en la organización de padres. En esta ciudad se vieron afectadas 22 pensiones, el gobierno de la provincia se puso a nuestra disposición, planteamos desde Iprodi y en conjunto con padres y otras organizaciones, que se avance en una asignación universal por hijo con discapacidad, para que no pasen estas cosas que están pasando ahora".

Desde el Gobierno nacional dicen que "no hay fondos para esta iniciativa".
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La opinión de los panelistas


La periodista Claudia Yauck, señaló que "generar alerta es un límite. Son solo doce mil casos los observados, no se habla de un universo absoluto. Hay que ser muy rigurosos. Los casos que presentan alguna incompatibilidad son analizados por Anses, se verifica si cumple con todos los requisitos y eso hay que volver a ratificar, no es que se le suspende".

El periodista Sebastián Martínez, manifestó que "hay uso y abuso de pensiones no contributivas. Ahí hay que poner el foco para evitar los abusos. Nadie duda de que es una ayuda justa y necesaria".

El panelista Mariano Kohan, dijo que "es una cuestión muy dolorosa y sensible. Hasta el año 2003 había 116.000 pensiones no contributivas. En el año 2008 Argentina suscribe al convenio internacional de Naciones Unidas de Protección y esto la obliga a ampliar la cobertura a personas con discapacidad. Fuimos mucho mejor país cuando llegamos al millón y pico de coberturas, subsanamos miles de injusticias y una desprotección histórica".

La periodista Luz Alcain destacó que "estamos en alerta y esto preocupa a tantas organizaciones y beneficiarios de pensiones, urque tras el control, hemos visto otras situaciones de vulneración de derechos: hemos visto políticas de ajusto, problemas con los pagos del Incluir Salud a las instituciones, caída de programas de empleo, que a cuentagotas se recuperan en algunos casos, es decir una situación que en principio, parece como un mero control, genere preocupación".

La periodista Ana Tepsich puso relevancia en que en el decreto 432/97, "se afirma que el nivel de discapacidad que se debe acreditar es del 76 %".

"Si tenés un auto de 1998, si cobrás una pensión de 5000, si tu marido o vos cobran 10 mil pesos, no debería haber una incompatibilidad. Deberían revisar, cambiar esa normativa, porque no alcanza", entendió.

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