Mediante un escrito y con el patrocinio de su abogado Alejandro Pérez Chada, el funcionario negó irregularidades en la venta de acciones de Petrobras Argentina (PESA) que estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y sobre lo cual se sospecha generó un perjuicio al Estado Nacional.
Las acciones de PESA que tenía la ANSES desde la estatización de las AFJP durante el kirchnerismo fueron adquiridas por Pampa Energía, la firma del empresario Marcelo Mindlin, cercano al presidente de la Nación, Mauricio Macri.
En su escrito, Basabilvaso dijo que el precio de venta de las acciones lo fijaban los técnicos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad así como los expertos de la Comisión Nacional de Valores.
Además, sostuvo que no hubo controversia entre el precio que aconsejaron los expertos y aquel por el cual se pusieron a la venta las acciones en cuestión.
Se trató de una defensa técnica y no es la única, ya que Bonadio citó a más de una decena de personas a indagatoria para los próximos días.
En la causa se investigan dos denuncias hechas por los diputados nacionales Victoria Donda (Libres del Sur) y Rodolfo Tailhade (FPV) por la venta a precio bajo de las acciones del FGS en Petrobras Argentina: según lo denunciado, la adquisición de acciones se produjo en noviembre de 2016, luego de que Pampa Energía comprara el paquete mayoritario de Petrobras Argentina.
El FGS de la ANSES tenía el 11,85 por ciento y accedió a vender su parte, a un valor de 10,37 pesos por acción: por aquella operación el FGS recibió algo más de 2.482.00.000 pesos, aunque tras la fusión con Pampa Energía, las acciones de Petrobras Argentina treparon a un valor que ronda los 18 pesos.
El fiscal de la causa, Jorge Di Lello, imputó a varios funcionarios macristas por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y defraudación a la administración pública: entre ellos se encuentran quienes integraban el Comité Ejecutivo del FGS.
Ese órgano estaba integrado en la época de la operación investigada también por el secretario de Finanzas, el secretario de Hacienda y el secretario de Política Económica del Ministerio de Hacienda, quienes en esta etapa de la investigación no fueron llamados a indagatoria.
Tras la denuncia, el fiscal federal Jorge Di Lello imputó a Basabilvaso así como otros funcionarios.
