Por medio de sus abogados, Paula Álvarez Carreras y Luis Hernán Paz, la dirigente social solicitó ser trasladada desde el penal federal de Salta a su casa en el barrio Cuyaya, en San Salvador de Jujuy.
"Venimos por este acto a solicitar al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia el estricto cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de conformidad a la Acordada de fecha 14 de agosto de 2018, a fin que se ordene de manera inmediata la prisión domiciliaria de nuestra asistida en el domicilio de calle Gordaüza 1711, Barrio Cuyaya de la Ciudad de San Salvador de Jujuy", precisaron los abogados de la dirigente.
Y reclamaron que se "arbitren las acciones para hacer efectivos los requerimientos" de la máxima entidad penal de la Argentina, puntalmente el traslado desde el Complejo Penitenciario III de Güemes, al considerar que su permanencia en ese lugar pone "nuevamente en riesgo la salud y la integridad" de su defendida.
Actualmente, la dirigente es llevada por efectivos policiales desde la prisión en la que se encuentra en Salta hasta los juzgados en los que se llevan adelante las audiencias en el marco de esta causa conocida como "Pibes Villeros" en Jujuy.
La Corte Suprema le ordenó este martes a los tribunales de Jujuy que "en el plazo de 5 días" expliquen las razones "por las cuales no se habría dado cumplimiento a su pronunciamiento en cuanto dispuso la prisión domiciliaria" de la dirigente, en consonancia con el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El organismo internacional había instado a la Justicia jujeña a "sustituir la prisión preventiva de la señora Sala por la medida alternativa de arresto domiciliario que deberá llevarse a cabo en su residencia o lugar donde habitualmente vive".
