Crédito: La Nación
Calcaterra se presentó, sorpresivamente, en los tribunales de Comodoro Py y le dio su versión al juez, respecto de las menciones sobre él que figuran en los cuadernos de Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta, mano derecha del exministro K Julio De Vido. Además del testimonio prestado por Calcaterra -que incluye a Sánchez Caballero-, otros cuatro empresarios ya reconocieron haber pagado dinero en negro para las campañas electorales del kirchnerismo.
El primero fue el cordobés Juan Carlos De Goycoechea -extitular de la firma Isolux-, quien negoció así su libertad, algo que se concretó ayer. Los otros tres son: Raimundo Peduto (MSU), Alejandro Pedro Ivanissevich (Emgasud) y Manuel Santos Uribelarrea (Ucsa), cuatro de los tres que declararon ayer. Rodolfo Poblete, del Grupo Romero, se negó a declarar y se sumó a la larga lista de detenidos por Bonadio.
De acuerdo con fuentes judiciales todos confesaron haber realizado pagos presionados por Baratta a cambio de liberar presupuesto para las distintas obras públicas en ejecución.
En la cargada jornada de novedades que tuvo como usina a Comodoro Py, se conoció que la Policía Federal detuvo a Héctor Zabaleta, exdirectivo de Techint. Así, la causa acumula 18 detenidos y seis imputados liberados por haber acordado en la Justicia ampararse en la figura de "imputado colaborador".
Calcaterra quedó encuadrado bajo esa figura. Según el diario La Nación, cuya investigación periodística hizo punta en el caso, publicó que el empresario junto a Javier Sánchez Caballero, quien fuera su segundo en Iecsa, acordaron "el pasado fin de semana con la fiscalía colaborar con la causa". Calcaterra, aunque nombrado en los cuadernos, no había sido citado por Bonadio. Su presentación de ayer fue "espontánea", término que en la jerga judicial indica, por lo general, la existencia de un acuerdo entre las partes.
En su declaración, Calcaterra acusó a los exfuncionarios kirchneristas de "extorsión". Dijo que le pedían dinero para la campaña electoral y que él le ordenaba a Sánchez Caballero, su CEO en Iecsa, realizar los pagos. Esos dineros, de acuerdo a los cuadernos de Centeno, eran recaudados por Baratta y sus colaboradores, para ser repartidos después a las más altas autoridades de gobierno. Todo esto, según el fiscal Stornelli, ocurrió entre 2008 y 2015.
Calcaterra, trascendió de fuentes judiciales, declaró haber sido "apretado" para entregar el dinero que, dijo, habría sido destinado a las campañas políticas de 2013 y 2015. "No fue tanta cantidad de dinero", confesó el empresario sobre los aportes hechos.
Sánchez Caballero también acordó con el fiscal encuadrarse en la figura del "imputado colaborador", igual que De Goycoechea. El juez Bonadio ordenó la excarcelación de ambos con el compromiso de colaborar con la fiscalía.
La estrategia
La estrategia de Calcaterra y del resto de quienes colaboraron, se especuló en Tribunales, va en una misma dirección: posicionarse como "víctimas" de la extorsión de los exfuncionarios kirchneristas, y declarar que fueron obligados a realizar aportes de dinero para campañas políticas.
"Los empresarios admiten haber pagado coimas sólo para poner fondos en el financiamiento de la política, porque las sanciones sobre el financiamiento de la política son mucho más bajas", evaluó el abogado Marcelo Bermolén, especialista en causas de lucha contra la corrupción y profesor de la Universidad Austral, ante la consulta del diario La Voz de Córdoba.
"No hay exactitud respecto a la cantidad de pagos. El cuaderno tiene errores de días y de montos, aunque el lugar sí es el que describe", agregó.
El chofer Centeno fue el primero en encuadrarse como "imputado colaborador".
La causa tiene por ahora un único prófugo: Oscar Thomas, exdirector del Ente Binacional Yacyretá. Su abogado pidió la eximición de prisión a cambio de colaborar con la causa.
