En dependencias de la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU) se desarrolló el viernes y el sábado el 1º Encuentro Nacional sobre Sistemas Acusatorios, donde operadores judiciales de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Santa Cruz, Tucumán y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) concluyeron que la aplicación de la ley de narcomenudeo genera un impacto directo sobre la población carcelaria y no se cuenta con infraestructura adecuada para recibir a los detenidos en esta materia. Además, se indicó que la creación de una policía especializada para trabajar en narcocrimen sería provechosa.
En la comisión que abordó ese tema se señaló luego que "la Nación debe girar los recursos comprometidos por Ley para mejorar o adecuar las estructuras en esa materia y que la represión penal del narcotráfico no es suficiente para evitar que este flagelo siga vigente". Tras ello se consideró que "inclusión, educación y generación igualitaria de oportunidades son herramientas imprescindibles si en verdad se quiere empezar a trabajar en serio en esa problemática".
Otra de las conclusiones del evento, que organizó la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos y la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), y auspició la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal, estuvo referida a la cuestión de género. Se indicó que "ante la superlativa importancia lograda por esa temática, que evidentemente supera el ámbito judicial, los operadores deben ser permanentemente capacitados y las autoridades que correspondan deben proveer la asistencia de equipos especializados, todo lo cual permitirá a los funcionarios y magistrados estar a la altura de una respuesta adecuada en cada intervención".
También en el encuentro, que contó con la coordinación general del presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Entre Ríos, Rubén Chaia, y del secretario general, Mariano Martínez, se manifestó que "la mejora continua del servicio de justicia y el compromiso con la realidad impone reformas adecuadas de las leyes y prácticas sin que ello sea visto como fracaso de la legislación vigente". A ello se agregó que "es fundamental que los poderes judiciales cuenten con los recursos necesarios para afrontar su actividad, máxime teniendo en cuenta la enorme cantidad de conflictos en los que le toca intervenir".
En lo que respecta al tema convocante, se coincidió en que "el sistema acusatorio(con jurados) no solamente es el modelo adecuado a la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales constitucionalizados, sino que es el único que asegura celeridad, eficacia y respuesta a la ciudadanía, además de respetar los derechos de víctima e imputado".
