El decreto, al que accedió APF, se basa en la ordenanza Nº 4.220 (Estatuto de estabilidad y escalafón de obreros y empleados municipales), cuyo artículo 3º exige que para ingresar a la administración municipal los interesados deberán "poseer condiciones de moralidad y buena conducta, lo que será acreditado con certificados de autoridad competentes. La Dirección de Personal no autorizará o visará ningún nombramiento para la toma de posesión de cargo alguno, si el empleado u obrero no se encuadra y llena los requisitos establecidos".
En el decreto se indica que "al efecto de dar cumplimiento a lo ordenado por la norma aludida deberá requerirse a toda persona que pretenda ingresar a laborar para este Municipio en cualquiera de sus modalidades de contratación -inclusive las renovaciones contractuales- o su incorporación a planta permanente y/o cualquier otra forma de ingreso que en el futuro se implemente, la acreditación ineludible, mediante el respectivo certificado de reincidencia, de la ausencia de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional de Reincidencia o aquel que en el futuro se implemente". APF informó que intentó comunicarse infructuosamente con el secretario Legal y Técnico de la Municipalidad de Paraná, Walter Rolandelli, para que explique los motivos que impulsaron tal decreto, preguntarle si tiene visos de inconstitucionalidad e indagar sobre la posibilidad de que la medida constituya una herramienta para impedir la renovación de algunos de los contratados vinculados con el jefe narco Daniel "Tavi" Celis.