"Deberá consignarse cuál fue el impacto en la salud que sufrieron y/o sufren" y "para ello, deberán extraerse muestras de sangre y orina de los habitantes del lugar que estén dispuestos a realizar los exámenes, entrevistarse con las personas que viven en dichos sitios a fin de saber si tienen síntomas de afecciones relacionadas con el consumo de mercurio o metales pesados relacionados con la actividad minera, si hicieron consultas médicas, en su caso, dónde y los diagnósticos realizados", dispuso el juez.
Una antecedente es que la Universidad de Cuyo ya determinó en un análisis de las aguas de la cuenca del río Jáchal y obtuvo niveles de contaminación que superaban ampliamente los parámetros permitidos así como también los valores que surgieron al analizar dichos ríos luego del derrame en Veladero de septiembre de 2015, al cual le sucedieron otros dos similares en los dos últimos años.
También analizar tomando diferentes muestras de especies vegetales y animales esos mismos poblados para detectar la presencia de metales cuyos niveles "podrían comprometer la vida animal y vegetal, como así también la salud de las personas que consumen dichas especies".
La medida (justificó el juez) "deviene necesaria ya que las sospechas aquí generadas deben ser despejadas, principalmente, para garantizar el derecho a la salud de las presuntas víctimas y la protección del medio ambiente, así como por el interés por el descubrimiento de la verdad que guía al procedimiento penal".
