Las modificaciones todavía no están confirmadas y podrían postergarse hasta la firma del dictamen, prevista para el martes 12 de junio, o incluso hasta la discusión en el recinto, programada para el miércoles 13. La versión final del proyecto está supeditada al resultado de las negociaciones en curso.
Según las conversaciones desarrolladas hasta el momento, lo más probable es que se introduzcan al menos cinco cambios.
El primero consiste en la regulación de la objeción de conciencia, ausente en la iniciativa elaborada por la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que garantiza a las mujeres el derecho a decidir voluntariamente la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Los promotores de la legalización evalúan permitir que los médicos se nieguen a interrumpir un embarazo, pero solo habilitaría esas situaciones de manera excepcional para los profesionales que se inscriban con anterioridad en un registro público.
Los centros de salud cargarían con la obligación de contar en su plantel con médicos dispuestos a garantizar el cumplimiento de la ley. Es decir, se contemplaría la objeción de conciencia para los médicos de manera individual, pero no para las instituciones de salud.
El segundo punto se refiere al artículo 8 del proyecto, que habilita a las adolescentes de entre 13 y 16 años a practicarse un aborto sin la autorización de sus padres. Para evitar polémica, se analiza eliminar el artículo y dejarlo supeditado a lo dispuesto en la actualidad en el Código Civil y Comercial.
Esa norma, aprobada en 2014, indica que los jóvenes de entre 13 y 16 años "tienen aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física".
Agrega que si se trata de tratamientos invasivos, "el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores", y que en caso de conflicto entre ambos "se resuelve teniendo en cuenta su interés superior, sobre la base de la opinión médica".
Un tercer cambio que se analiza tiene que ver con la posibilidad de realizar un aborto después de la semana 14 en casos de "malformaciones fetales graves".
Ante críticas que señalaban que se estaba habilitando de esa manera una suerte de eugenesia (por ejemplo, ante un diagnóstico de síndrome de Down), los promotores del proyecto tienen previsto aclarar que solo se permitiría el aborto después de la semana 14 si se tratara de "malformaciones fetales graves incompatibles con la vida extrauterina".
En sintonía con la ley vigente en la actualidad y con el protocolo nacional de interrupción legal del embarazo, el aborto después de la semana 14 de gestación también quedaría autorizado en los casos de violación (en los que bastaría con una declaración jurada de la mujer, sin intervención judicial) y cuando "estuviera en riesgo la vida o la salud física, psíquica o social de la mujer, considerada en los términos de salud integral como derecho humano".
Un cuarto cambio que se analiza consiste en poner a disposición de las mujeres que manifiesten su voluntad de abortar toda la información necesaria para que tomen una decisión informada. Esta instancia no incluiría un período de reflexión de reflexión obligatoria y no afectaría el plazo máximo de 5 días estipulado en el proyecto para la realización del aborto desde el momento en que la mujer asiste al centro de salud.
La quinta modificación apunta a reforzar las políticas de salud sexual y reproductiva. Es una forma de dotar a la iniciativa de un enfoque integral que permita neutralizar los argumentos de los diputados que proponen reforzar la prevención en lugar de legalizar el aborto.
