En concreto, se trata de dilucida el supuesto desvío de fondos públicos para sostener la Escuela Privada Número 235 "Heraclia Ruiz Díaz", inaugurada el 5 de diciembre del 2014 y anunciada como "la primera escuela vial del país". Se trata de una escuela de nivel primario que funciona en calle Brasil 1050 de Paraná.
La causa se inició a fines de septiembre de 2015 tras la demanda penal presentada por los diputados provinciales María Emma Bargagna (FAP-Paraná, mandato cumplido) y Jorge Monge (UCR-Diamante, integrante ahora del bloque Cambiemos), con patrocinio legal de los abogados Rubén Pagliotto y Ramiro Pereira. La acción se llevó a cabo tras una publicación de la revista Análisis.
Concretamente, los exfuncionarios están acusados por la sustracción de fondos públicos para la puesta en funcionamiento de la institución educativa mediante la contratación de once personas como empleadas de la Dirección de Mantenimiento y Suministros de la DPV, pero para que presten servicios como docentes y no docentes de la escuela, porque sus salarios eran abonados por el organismo.
También se cuestiona a los funcionarios que cedieran en comodato, es decir, en forma gratuita y por 20 años, galpones del organismo a la Asociación Civil Los Viales, que administra la escuela y que encabezan Kemerer y Rodríguez; y que las obras de refuncionalización del predio, con el fin de habilitarlos para el funcionamiento de la escuela, se hicieran con fondos asignados al presupuesto de la DPV. Por último, se les achaca que adquirieran un mástil de escritorio cromado, un libro copiador, un dispenser de jabón y cestos de residuos, para la escuela, también por cuenta del organismo.
En su acusación, la fiscal Patricia Yedro que llevó adelante la investigación judicial, sostuvo que la Dirección Provincial de Vialidad pagó más de tres millones de pesos al personal docente y no docente y dispuso alrededor de 900 mil pesos en obras de refacción y construcción de la escuela.
Esta conducta había motivado una investigación del Tribunal de Cuentas en la que se detectaron varias irregularidades en la creación de institución educativa, tanto en el trámite de otorgamiento de la autorización para funcionar desde el Consejo General de Educación (CGE), como en el uso de los fondos públicos para un fin distinto al de su otorgamiento y sin existir contraprestación en beneficio del organismo.
Se prevé que declaren alrededor de cincuenta testigos, entre los que se cuenta al ex ministro de Educación, José Eduardo Lauritto; al fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes; y a Juan Carlos Lallana, que sucedió a Rodríguez al frente de la DPV; como así también a integrantes de la comisión de padres y empleados de la institución.
En la audiencia de remisión de la causa a juicio, la fiscal Yedro adelantó que pedirá que Rodríguez y Kemerer sean condenados a siete años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos; y que Heyde reciba una condena de cuatro años de cárcel e inhabilitación absoluta perpetua.
