El corazón del proyecto -aprobado con 133 votos a favor, 94 en contra y hubo tres abstenciones- consiste en que la actualización de las tarifas no supere a la variación salarial para los usuarios residenciales, y en el caso de las pymes a la variación del índice de precios mayoristas -sólo para las de consumos medios y bajos-. La futura ley sólo alcanzaría a los servicios de concesión nacional, y las provincias podrían adherir. Otro de los puntos centrales es el que retrotae los valores a noviembre de 2017. Los mentores del proyecto -el justicialista Diego Bossio y el massista Marco Lavagna- tuvieron que dar marcha atrás con la rebaja del IVA en las facturas del 21% al 10,5%. Por tratarse de un impuesto coparticipable, esa reducción había sido muy cuestionada por gobernadores. Y en el radicalismo advertían sobre un costo fiscal de 49.300 millones de pesos sumando 2018 y 2019, informó Parlamentario.
Esa no fue la única modificación que sufrió el texto aprobado en comisiones. También se amplió el espectro de beneficiarios de la tarifa social -se incluyó, por ejemplo, a los clubes de barrio-, y se eliminó el tope de aumentos para el transporte automotor (colectivos) y peajes.
Fuente: Recintonet.
