La empresa con más posibilidades sería la de capitales venezolanos representada por Hugo Marino, según confiaron a Télam fuentes gubernamentales.
Aguad dio respuestas
El lunes, el ministro de Defensa, Oscar Aguad, asistió al Congreso de la Nación para brindar su informe ante la comisión Bicameral que investiga la desaparición del submarino y anunció que la búsqueda podría concretarse con la empresa de capitales venezolanos, cuyo representante es Marino. El empresario venezolano había sostenido que podrían dar con el paradero del buque en un plazo no mayor a los cien días y con un presupuesto de 3,8 millones de dólares.Durante aproximadamente diez horas, Aguad respondió en el Senado a los cuestionamientos y preguntas de los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos y de los legisladores que conforman la comisión Bicameral, que además decidieron reunirse con la jueza de Caleta Olivia, Marta Yáñez, el próximo 4 de mayo para interiorizarse sobre los avances de la causa judicial en torno a la tragedia.
Fue el presidente de la comisión, el senador justicialista José Ojeda, el que informó a los senadores y diputados de la Bicameral que la jueza aceptó el pedido de entrevista para responder las inquietudes de los legisladores sobre el caso, aunque aún no se determinó el horario ni el lugar del encuentro.
El proceso administrativo, que se realizará bajo "absoluta transparencia" y con la "celeridad" necesaria, se lanza en sintonía con la decisión de los legisladores de aprobar una moción para repetir una nueva nota al Poder Ejecutivo para que le ponga una fecha concreta a la contratación.
Durante su informe ante el Senado, Aguad aclaró en reiteradas oportunidades que hay respuestas que "debe dar la Justicia" en su investigación, y que es necesario "respetar los tiempos de la causa y ser cuidadosos" en ese punto.
El ministro se refirió de este modo a los contrapuntos que pueden existir en torno a si el submarino estaba o no en condiciones de navegar, de acuerdo de los diferentes reportes de los miembros de la Armada conocidos tras la desaparición de la nave, en noviembre pasado, en el Atlántico sur.
Las audiencias de la comisión Bicameral continuarán la semana próxima con la convocatoria a jefes militares y la recepción de pedidos de informes a distintos organismos, con el objetivo de dilucidar si el submarino estaba o no condiciones de navegar cuando se perdió en el mar en noviembre de 2017.
El jefe de Gabinete, Marcos Peña, respaldó hoy al ministro tras su paso por el Senado durante un contacto con periodistas acreditados de Casa Rosada, esta mañana, tras la reunión de gabinete con el presidente Mauricio Macri: "Fue un ejercicio republicano muy positivo, de diálogo y hasta donde los familiares pudieron preguntar, cosa que no es habitual en la dinámica del Congreso", dijo.
"Hay un Gobierno que no tiene nada que esconder. Al contrario, que desde el primer momento ha demostrado un compromiso con la búsqueda del submarino y al mismo tiempo con el apoyo a los familiares. Obviamente puede haber algunos que estén más o menos de acuerdo, pero siempre apostamos al diálogo. En ese sentido fue muy positivo el paso de Aguad", sostuvo Peña.
Becas educativas
En tanto, el Gobierno oficializó este martes las becas educativas para los hijos de los tripulantes del ARA San Juan mediante la publicación de un decreto en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Mauricio Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y los ministros Carolina Stanley (Desarrollo Social), Oscar Aguad (Defensa) y Alejandro Finocchiaro (Educación).En el decreto se argumentó que "los miembros del submarino ARA San Juan resultan mayoritariamente ser el principal sostén económico de sus familias, siendo que, en muchos casos, las mismas se encuentran integradas por hijos en edad escolar", y que "ante la situación que se encuentran atravesando los familiares, resulta pertinente brindarles asistencia económica para permitir el desarrollo educativo de los hijos".
La becas serán "no remunerativas e intransferibles" y estarán destinadas "a solventar los gastos que demande la educación" en los niveles preescolar, primario, secundario y superior que se impartan en establecimientos de enseñanza nacionales, provinciales o municipales.
Alcanza a aquellos hijos que tengan entre 3 y 25 años y tendrán "una vigencia anual prorrogables año a año en cuanto se acredite la continuidad de los estudios".
