El proyecto de la exmandataria contempla que los precios de las tarifas se retrotraigan al 1 de enero de 2017.
Para el caso de las pymes y a las cooperativas de trabajo, el beneficio se aplicará "siempre y cuando no despidan ni suspendan trabajadores y trabajadoras, sin justa causa, hasta el 31 de diciembre del 2019, sin importar su modalidad contractual. Esta protección tarifaria caducará de forma automática en caso de que incumplan esta cláusula".
Además, crea en el ámbito del Congreso de la Nación el "Comité Nacional de Emergencia Tarifaria" con la finalidad de supervisar, controlar e implementar la Ley.
Entre otras atribuciones, este comité tendrá a su cargo la revisión tarifaria integral de las actas acuerdo de renegociación de todos los contratos llevados a cabo con las empresas prestatarias de los servicios públicos, desde el 1° de enero del año 2017 hasta la culminación de la emergencia pública en materia tarifaria.
Esta revisión será vinculante, y tendrá por objeto adecuar los cuadros tarifarios vigentes hacia una tarifa "justa y razonable".
