Política Paritaria

Docentes universitarios llevan adelante un paro de 48 horas

Reclaman un aumento salarial del 25 por ciento con cláusula gatillo, la jerarquización y capacitación docente según el Convenio Colectivo de Trabajo, y una suba del presupuesto universitario y de ciencia y tecnología.
La Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) llamó a la docencia universitaria entrerriana a sumarse al paro de 48 horas que se realiza en todo el país este martes y miércoles.
Desde el gremio advirtieron que el Gobierno nacional busca debilitar a la Educación Superior mediante la estigmatización de las universidades, las paritarias con techo y la reducción presupuestaria, entre otras medidas. En ese marco, convoca al paro total de actividades para este martes y miércoles, a fin de defender a la universidad pública.

La comisión directiva del sindicato que agrupa docentes universitarios hizo notar que a partir de la aplicación de una lógica neoliberal respecto del rol del Estado, la gestión de Mauricio Macri ha adoptado una serie de medidas cuyo efecto es el debilitamiento del sistema educativo superior y al programa de desarrollo científico y tecnológico.

Para ello, el Gobierno nacional ha intentado construir un relato estigmatizante acerca de las universidades públicas, acusándolas de "ineficientes" e "ineficaces". También se buscó vincularlas a prácticas de corrupción con fondos públicos y, en ese relato, el rol de la política universitaria y de los sindicatos fue señalado como uno de los problemas de la educación universitaria.

Otro punto que señala el gremio es que se impidió la revisión del acuerdo salarial de 2016, lo que causó una disminución en el poder adquisitivo de los docentes universitarios cuando la inflación superaba claramente lo acordado para el año.

En base a un documento elaborado por la Asociación de Docentes Universitarios de Mar del Plata (ADUM), al cual el gremio entrerriano adhirió en su totalidad, AGDU advirtió que las condiciones de la discusión salarial se limitaron a lo establecido por la inflación, frenando el proceso de mejoras e impidiendo continuar con la recuperación real del salario.

En esa línea, entendió que en las "paritarias con techo" subyace la intención de romper con la noción del salario digno como un derecho. También cuestionó la eliminación de la Paritaria Nacional Docente, que generaba el valor del Cargo testigo y del Fonid para todo el sistema educativo, incluyendo el universitario.

Lamentó asimismo que, en apoyo a la línea antisindical que promueve el Ministerio de Educación de la Nación, algunos Rectores cuestionaran la existencia del Convenio Colectivo de Trabajo.

Otro signo es el intento de igualar los sistemas público y privado de educación superior y promover los pases de estudiantes universitarios entre ambos sistemas. Lo mismo ocurre con la investigación, restándole importancia al sistema público y transfiriéndola al sector privado mediante la reducción de los ingresos de becarios e investigadores al Conicet y el despido de 250 investigadores en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Del mismo modo, se redujo el presupuesto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y reestructura del Ministerio de Ciencia y Teconología, desfinanciando las líneas de investigación estratégicas de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

También se produjo una reducción del presupuesto universitario que, desde 2016, pasó del 0,87 por ciento al 0,77 por ciento del PBI Nacional. Lo mismo ocurrió con el monto asignado a ciencia y tecnología, que cayó del 1,5 por ciento en 2015 a 1,3 por ciento en 2017.

A todos estos puntos se suma el recorte de tres mil millones de pesos en el presupuesto universitario, que pone en riesgo los proyectos de infraestructura y provoca serias dificultades para enfrentar los gastos de funcionamiento de las universidades. El monto recortado representa el 3 por ciento del presupuesto global del sistema y, entre el 15 por ciento y el 20 por ciento de los gastos de funcionamiento.

En tanto, hasta el momento el Gobierno nacional no presentó una oferta de recomposición salarial para la docencia universitaria, y tampoco ha pagado la cláusula gatillo correspondiente a 2017. De este modo, el salario continúa perdiendo poder adquisitivo. Por último, AGDU remarcó que la firmeza del reclamo en 2017 permitió obtener un 25% de incremento salarial para todas las categorías después de cuatro meses de conflicto, en lugar del 17% sin cláusula gatillo que ofertaba el Gobierno.

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