El hecho en cuestión, fue la toma de la dirección del hospital Santa Rosa de Villaguay registrada el 20 de diciembre de 2016 en demanda del apartamiento de su puesto del jefe de ambulancias Oscar Cáceres, quien en realidad figuraba como empleado del Instituto Provincial de Discapacidad (IPRODI).
Los acusados son Martín Wense Bobadilla, Claudia Jeckeln, Carlos Faust, Silvana Monjo, Gloria Ojeda, Timoteo Velázquez, Juan Gómez, Damián Rodríguez, Juan Carlos Barreto, Miriam Barreto, Gisela Kuttel, Raquel Elsa Acosta, Andrea Vanesa Roldán y Lilia Marina Den Dauw, que son representados por los defensores Miguel Ángel Cullen, Guillermo Vartorelli y Alejandro Ortiz.
Lo declarado por el directivo, difirió notoriamente con los dichos del ex ministro de Salud, quien en su declaración consideró que en su momento no dio mayor importancia al suceso, ya que a su criterio se trató solo de "un planteo sin violencia y en diálogo".
De la Rosa, dijo que siempre hubo planteos en los hospitales y ese suceso no habría sido diferente a los demás, testimonio evidentemente favorable a los imputados.
También recordó que todo se inició cuando no se dio cumplimiento a una orden ministerial de retirar del puesto de encargado de ambulancias a Antonio Cáceres, quien no dependía del Ministerio de Salud, sino que era personal del Instituto Provincia de Discapacidad (IProDi).
Para De la Rosa, "era una situación irregular" y cargó contra esta persona por haber negado la entrega de una ambulancia al hospital de Urdinarrain, al tomarse atribuciones que no le correspondían, según publicó 03442.
Cómo inició la causa
A mediados del año 2016, un percance dejó sin ambulancia a la localidad de Urdinarrain, desde donde se pidió al entonces director del hospital Santa Rosa de Villaguay, que proporcionara una ambulancia por el plazo de una o dos semanas.
El encargado de ambulancias a Antonio Cáceres se negó a entregar una ambulancia ante el director Rubén Hernández y cuando este pidió a Urdinarrain que fueran a buscar el vehículo ellos, tampoco se lo entregó.
Ante esta situación, Hernández se dirigió por nota al ministro de Salud quien respondió que Cáceres debía estar al servicio del Iprodi ya que dependía de ese organismo. (03442)
