En una reunión que tuvo lugar ayer en el Ministerio de Justicia, se determinó proponer la creación de "una agravante genérica para los delitos que ocurren tanto en el estadio como en sus inmediaciones, antes, durante o después de finalizado el encuentro, e incluso durante los traslados hacia o desde el partido", según informó la cartera que conduce Germán Garavano en un comunicado.
El camarista Mariano Borinsky, que preside la comisión, precisó que "se les aplicará una agravante", que corresponde a "ceñirse al tercio superior de la pena de cada caso", a los "homicidios, incluso en estado de emoción violenta, preterintencionales o culposos, a las lesiones de todo tipo, al abuso de armas, al abandono de personas, al hurto y al robo, y al delito de suministrar armas, materiales explosivos, tóxicos, etcétera, que ocurran en el contexto del evento deportivo".
Otra de las propuestas que analizó la comisión es que "se reprimirá a los dirigentes, miembros de comisiones directivas, a los empleados de las entidades, a los concesionarios, que permitan que se guarden en el estadio o en sus dependencias, armas de fuego, artefactos explosivos o químicos".
Además, la iniciativa de reforma incluirá el establecimiento de penas para otros comportamientos violentos como "la formación de grupos de simpatizantes destinados a cometer delitos, el impedir o estorbar el funcionamiento de los transportes hacia o desde los estadios, el imposibilitar, aunque sea momentáneamente, la realización o continuidad del partido, como así también la creación del peligro de aglomeración, o la creación de una avalancha".
En la reunión, Borinsky estuvo acompañado por el director nacional de Política Criminal en materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el juez Guillermo Jorge Yacobucci; el fiscal Pablo Nicolás Turano, y el camarista Carlos Alberto Mahiques.
En cuanto a la legislación sobre corrupción, en la reunión se estableció el objetivo de "penar a funcionarios de instituciones financieras que operan en el mercado de valores que, directa o indirectamente, con independencia de los cargos e intereses de la institución, reciban indebidamente dinero o algún beneficio económico, como condición para celebrar operaciones crediticias, financieras o bursátiles".
Entre las sanciones por corrupción, el nuevo ordenamiento penal que se propondrá establecerá "días multa e inhabilitación para el ejercicio de la industria o el comercio" para "el directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa privada que solicite, reciba o acepte un beneficio indebido". Las sanciones también serán válidas, según el proyecto, para las personas jurídicas. El proyecto incluye sanciones también para quienes realicen esos pagos indebidos.
La propuesta de modificación tiene, según las conclusiones de la reunión de ayer, también una pata de sanciones para proteger el patrimonio arqueológico nacional.
