"Es imprescindible que el Estado mantenga una posición unívoca tanto a nivel local como internacional. Las mujeres y niñas, así como todas las personas con capacidad de gestar, no deben afrontar la penalización criminal por someterse a un aborto", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, en un comunicado difundido por esa entidad.
Argentina fue evaluada en el marco del EPU ante delegaciones de 79 países en temas como los derechos de los migrantes, pueblos originarios, salud de mujeres y niñas, libertad de expresión y reunión, violencia y paridad de género, y prevención de la tortura, entre otros temas.
En materia pueblos originarios, la organización de derechos humanos evalúa "indispensable que Argentina reconozca legalmente los territorios de los pueblos indígenas".
"Pese a que la prórroga de la ley de emergencia territorial (26.160) durante 2017 ha sido un paso en esa dirección, se valora que el Estado haya aceptado la recomendación de avanzar en la regularización e implementación de la demarcación de tierras indígenas", sostiene Amnistía.
En relación a los migrantes, se celebró "la aceptación por parte del Estado de las recomendaciones para proteger a las personas es de la discriminación y a asegurar su acceso igualitario a los derechos humanos, sin importar su estatus migratorio".
Sin embargo, Amnistía "lamenta que, al mismo tiempo, no se aceptara la recomendación de garantizar que la legislación migratoria".
Por último, Amnistía Internacional reconoció "la adopción por primera vez de un Plan Nacional de los Derechos Humanos" como se había anunciado durante la revisión del EPU, e instó al país a "tener en cuenta todos sus compromisos internacionales y los principios de indivisibilidad e interdependencia".
