"Sostienen que gobiernan sin distinguir a los partidos políticos de cada gestión local. Sin embargo, hay una discriminación importante hacia los municipios opositores en la asignación de recursos", aseguró el legislador entrerriano Juan José Bahillo en el marco de la visita del funcionario nacional al Congreso.
Al argumentar su afirmación, Bahillo señaló que "sobre las 2264 intendencias que tiene el país, Cambiemos gobierna el 26,5% y la oposición el 73,5%. Pero paradójicamente la asignación de ATN es exactamente al revés, a los municipios oficialistas le giraron $3745 millones de un total de $5102. Y por otro lado, los municipios opositores recibieron $1365 millones, es decir que recibieron el 26%, cuando gobiernan el 73% de las intendencias del país". "Hay un claro criterio de discriminación para la asignación de recursos", subrayó el diputado nacional.
Por su parte, el bloque Justicialista de la Cámara de Diputados manifestó su preocupación ante el nivel de endeudamiento externo en el que ha incurrido el Gobierno nacional y la discriminación "partidaria" que lleva adelante en la asignación de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
"Escuchamos al jefe de Gabinete ceder ante nuestro pedido para que el ministro de Finanzas se presente en el Congreso. Ahora queremos escuchar a Caputo rendir cuentas sobre el estado de la deuda externa argentina y su situación con las offshore", sostuvo el presidente del bloque Justicialista, Pablo Kosiner.
Sobre la ex Botnia
Bahillo también intervino con una pregunta sobre los últimos hechos contaminantes protagonizados por UPM-Botnia, y la posibilidad concreta que se recurra nuevamente a La Haya para exigir su relocalización.
"Se ha dado en la última semana un hecho muy particular: el gobierno uruguayo ha sancionado a la planta de UPM con una multa reconociendo el carácter de contaminante de la pastera", explicó Bahillo, al argumentar la pregunta frente a Peña. Y añadió "lo ha solicitado el municipio de Gualeguaychú y también los vecinos, que tal cual se hizo en el gobierno anterior se recurra nuevamente a La Haya para demostrar algo que revela el carácter contaminante de la planta y exigir su relocalización".
Peña respondió que "lo que establece la Corte es monitorear conjuntamente a través de la CARU las actividades de la pastera. Es lo que estamos haciendo permanentemente. La reciente sanción del gobierno uruguayo fue por dos hechos puntuales de fines de 2016, al excederse el vuelco los parámetros de fósforo total".
"No fue por contaminación, sino por exceder el límite de vuelco en parámetros, según lo que dice la CARU. De todas formas, esto sigue siendo parte de los antecedentes que adjunta la delegación argentina para evaluar futuras acciones", concluyó, según refleja el sitio Reporte 2820.
