La decisión la adoptó el tribunal con los votos de los jueces Jorge Ballestero y Martín Irurzun, mientras que Leopoldo Bruglia, se expresó en disidencia.
Mientras Baratta será liberado, De Vido continuará detenido porque tiene prisión preventiva en otra la causa que investiga presuntos hechos de corrupción en la mina de Río Turbio.
Con esta decisión, la Cámara revocó el fallo de primera instancia del juez federal Claudio Bonadio, quien había procesado a los ex funcionarios tras un peritaje que estableció que se aprobaron compras, entre 2008 y 2015, con sobreprecios de unos 7.000 millones de dólares.
La compra de gas líquido era a través de Enarsa y el fluido era regasificado en las plantas de Ingeniero White, en la zona de Bahía Blanca.
A través de la misma, "se generó un perjuicio económico a las arcas del Estado" de aproximadamente 6.995 millones de dólares, "pues el precio por el que se abonó fue superior a los valores de mercado", sostuvo Bonadio en primera instancia.
Sin embargo, ahora la Cámara le pidió profundizar la investigación y cuestionó el peritaje que realizó el experto David Cohen.
"Comparó el precio del gas natural en estado gaseoso, seco ? tal como fluye por los circuitos instalados en Estados Unidos, o sea, el Henry Hub-, con el del gas en su estado líquido, el único que, al ser trasportado por buques, puede ser importado hasta estas latitudes" y "si bien su composición puede ser la misma, su diferente estado y la incidencia de los procesos para arribar a él, determina que no pueda existir comparación posible", señaló en su voto Ballestero.
"Por un lado, varias defensas demostraron ante el Tribunal ? luego de una minuciosa exploración del mundo virtual- que muchos de los pasajes del informe de David Cohen eran copia literal de diferentes documentos obtenidos de Internet y no me refiero con ello a sitios web de revistas especializadas que la comunidad científica consulta y que atesora con mezquindad. Me refiero a páginas de libre acceso y consulta, dirigidas al público en general, con el rigor académico que ello supone", explicó Ballestero.
El voto al que adhirió Martín Irurzun concluyó en la falta de mérito para De Vido, Baratta, Daniel Cameron, Roberto Nicolás y José Dromi, Exequiel Espinosa, Walter Fagyas, Jorge Samarín, Jorge O'Donnell, Alexis Zuliani, Rodolfo Luchetta, Stella Maris Babilani, Juan José Carbajales, José Granero, Gastón Ghioni, Nilda Minutti, Tamara Pérez Balda, Fernando Salim, Roberto Vázquez, Alejandra Tagle, Mónica Bisconti, Karina González, Flavia García, Martín Busti y Haydeé Fernández.
Por su parte, Bruglia sostuvo que se acreditó "la existencia del perjuicio efectivo para el erario público provocado por la administración fraudulenta llevada a cabo ?con distintos roles- por los imputados en autos, desconociéndose el destino que se le dio a fondos no registrados".
"Sin perjuicio de no contar por el momento con una pericia idónea que demuestre el menoscabo concreto al erario público, lo cierto es que el informe referenciado demuestra categóricamente que efectivamente se ha generado un detrimento económico, el cual se encuentra determinado por la observación referida al progresivo aumento de los precios de los cargamentos, a pesar de que los valores de mercado se hubieren mantenido estables e incluso disminuyeron en el período analizado", agregó.
En 2014 se inició la causa con el requerimiento del fiscal Carlos Stornelli para investigar "las presuntas irregularidades en la adquisición de gas licuado natural en el período comprendido entre el año 2008 y la actualidad".
En total, fueron tres las denuncias hechas: dos de un abogado particular y otra de Federico Pinedo, Patricia Bullrich y Laura Alonso.
