En lo referido a la extensión del horario de atención y al acortamiento de la feria judicial, fueron taxativos en su negativa. Los magistrados del interior ya se habían expresado en contra de esos cambios por inaplicables, dada la dinámica local distinta.
Sostienen que la realidad de todos los juzgados implica que, más allá del horario de mesa de entradas, empleados y funcionarios permanecen hasta altas horas de la tarde (o incluso la noche si lo requiere) trabajando puertas adentro de los despachos. Afirmaron que la actividad no termina a las 13.30. Los abogados tampoco conceden la reducción de la feria porque consideran que esto solo sería de cumplimiento efectivo para los grande buffetes y complicaría a cualquier pequeño estudio por falta de personal.
"En nuestra opinión no advertimos que una modificación en el horario de atención al público o de la feria judicial, logre los beneficios deseados. En el ámbito penal, el horario de atención al público no refleja la cantidad de horas diarias que dura la jornada laboral. En efecto, basta con observar el extenso desarrollo de las audiencias orales, los turnos de los juzgados de instrucción, los turnos de hábeas corpus, el sistema de registro de entrada y salida del personal, el horario en que se digitalizan los documentos al sistema Lex 100 de gestión judicial. Todo ello a modo de ejemplo", señaló el documento de la Asociación de Magistrados, difundido en simultáneo a la segunda jornada de debates en comisiones que promocionó la Corte.
En ese sentido, se preguntaron si estaba previsto en las partidas presupuestarias un incremento salarial para cubrir más horas de trabajo. "Porque en caso de avanzarse con la ampliación del horario de atención deberá adecuarse la retribución salarial", explicaron. En su lugar, propusieron menos visitas de los abogados a las mesas de entradas por consultas que podrían ser sustituidas por el denominado "expediente judicial". Calificaron de "efectistas" las intenciones de podar la feria y aumentar las horas.
"Si se elimina la feria judicial, necesariamente se deberá conceder licencias individuales a los respectivos magistrados, funcionarios y empleados", afirmaron. "Los cambios propuestos impactarían de modo negativo en el sistema de administración de justicia", concluyó la Asociación.
