Con ellos, el total de transferencias directas a personas en asistencia social es de $251.911 millones para 9.689.000 personas. Implica el 10,17% del gasto primario total del Presupuesto 2018. En este universo de recursos se libran las pulseadas entre el Gobierno y las organizaciones sociales y piqueteras.
En tanto, el debate económico creciente es si estos planes tienen impacto en generar empleo o subsidian a un desempleo estructural.
El total de prestaciones sociales, con jubilaciones y pensiones, es de $1,291 billones y cubre a 16.731.000 personas. Actualmente equivale al 52% del Presupuesto 2018.
Según confiaron a la nacion en el Ministerio de Desarrollo Social, de Carolina Stanley, el plan de Proyectos Productivos Comunitarios responde a la ley de emergencia social de 2017, que reclamaron las organizaciones sociales Barrios de Pie, la CCC y la CTEP, que lidera Juan Grabois.
Los programas
El programa canaliza proyectos productivos de beneficiarios de esas organizaciones y otras que obtienen un salario social complementario de casi $5000 (la mitad del salario mínimo vital y móvil) en 2017 y 2018. Por lo general, estaban en la informalidad y se los formaliza y se los potencia.Los programas Argentina Trabaja y Ellas Hacen ($17.058 millones y 246.000 beneficiarios) son los que en Desarrollo Social exigen contraprestación laboral, formación y terminalidad educativa.
El Ministerio de Trabajo, de Jorge Triaca, tiene otros similares: Acciones de empleo ($3239 millones y 235.000) y Capacitación Laboral ($1400 millones y 57.000).
Pero el programa más popular es la Asignación Universal por Hijo (AUH): la Anses reparte en 2018 $74.447 millones a 6.857.000 beneficiarios. El Progresar, de Educación, llega a 794.000 jóvenes con $9894 millones en becas de estudio.
El camino hacia el trabajo
El anunciado Plan Empalme, mediante el cual las empresas podrían contratar a beneficiarios y completarle el salario básico, no dio aún resultados significativos.El programa Abordaje territorial ($3147 millones y 77.000 personas) reparte insumos diversos pero no son ingresos a personas.
Fuera de los planes de asistencia directa, el grueso del gasto social está en jubilaciones y pensiones ($668.700 millones y 3.300.000), al que se sumó la Moratoria Previsional ($367.489 millones y 3.565.000), que son jubilados que nunca aportaron, un 3% del PBI, casi equivalentes al déficit fiscal.
Según el Ministerio de Desarrollo Social, los 246.000 beneficiarios de Argentina Trabaja y Ellas Hacen tienen asignación laboral o formación.
El director del Observatorio de Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, señaló que el Gobierno aumentó el gasto social, buscó la racionalidad y la contraprestación laboral, pero los programas fueron administrados por organizaciones sociales, ONG o municipios que muchas veces se resisten al control.
El trabajo
Para Salvia, "no siempre está garantizado que haya detrás un proyecto de trabajo o de infraestructura" genuino.Por su parte, el economista Roberto Cachanosky, propone que a los planes "hay que ponerles exigencia de capacitación y límites en el tiempo", al igual que el economista Agustín Etchebarne, de Libertad y Progreso, para quien las transferencias deberían ser "un puente hacia un trabajo productivo".
Desde la oposición, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, impulsan esquemas de incentivos para que los empleadores contraten beneficiarios cuyos planes conformarían parte del salario básico, con diversos beneficios en las cargas sociales. Fuente: (La Nación).-
