El texto, entre otras cuestiones, le otorga mayor protagonismo a los fiscales, establece la toma de decisiones en audiencias orales y permite que los jueces que condenen en primera instancia puedan determinar la prisión inmediata de los acusados, sin la necesidad de que el fallo quede firme.
"El nuevo sistema lo que hace es poner en el centro a las personas y corre a los papeles. En términos de resultados lo que nosotros esperamos no es más personas detenidas, sino básicamente más personas que estén detenidas con sus casos resueltos", señaló Garavano.
En conferencia de prensa tras el encuentro, el funcionario nacional sostuvo que "por primera vez en la Argentina se ha logrado romper la curva y hay más personas condenadas en prisión que procesadas, que era realmente una tendencia muy mala".
"Este sistema lo que debería hacer es consolidar esa tendencia y que las personas que estén en prisión sean porque fueron condenadas por un juez", subrayó el ministro de Justicia.
De la mesa de trabajo participaron el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; el juez federal Julián Ercolini; el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez;presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi; el senador nacional Rodolfo Urtubey; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, María Lilia Díaz Cordero y el titular del gremios de Judiciales, Julio Piumato, entre otros.
Urtubey detalló que se presentará en el Congreso un proyecto elaborado en el marco de la comisión bicameral abocada al tema, que contará con su firma y la del jefe del bloque de senadores de Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto, entre otros.
La iniciativa es una versión que reúne el Código Procesal Penal aprobado en 2015 -que nunca se llegó a implementar- y las leyes sancionadas en los últimos años como la flagrancia, los juicios unipersonales y la Ley de Víctimas.
"Va a tener estado parlamentario el 2 de marzo y tendrá un tratamiento lo más rápido posible en Asuntos Constitucionales en el Senado y luego pasará a la Cámara de Diputados", dijo el salteño en la conferencia.
En otro orden, el ministro aclaró que si bien los fiscales adquieren un rol preponderante en el nuevo sistema, su implementación no está unida a la modificación del Ministerio Público.
"Para nosotros es una ley muy importante, no se supedita el avance en la implementación del Código Procesal Penal a esa ley y en ese momento ha quedado de algún modo asociada a la designación o postulación de un nuevo candidato a la Procuración. Es una ley crucial y en los próximos meses esperamos que pueda ser aprobada", afirmó Garavano.
Del encuentro también participaron el presidente de la Cámara Federal de Salta, Ernesto Sola Espeche y su par de Comodoro Rivadavia, Javier María Leal de Ibarra; el secretario de Justicia, Santiago Otamendi; el jefe Gabinete de la cartera, Martín Casares, el subsecretario de Política Criminal, Juan José Benítez; legisladores y representantes del Colegio Público de Abogados, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, y de las Asociaciones de Fiscales y Defensores Nacionales.
"La instrumentación del nuevo Código Procesal Penal Federal supone un profundo cambio en el sistema judicial, que implica un antes y un después en la forma de tramitar una causa penal, es por ello que se hace imprescindible contar con la puesta en común de un criterio federal para la elaboración del plan de implementación", resaltó Garavano.
Las autoridades de Justicia prevén una instrumentación que tomará de cinco a siete años y en la que se aplicará progresivamente el sistema acusatorio en las jurisdicciones del norte del país, Salta y Jujuy, luego el sur; y finalmente en el centro.
El proyecto de reforma está orientado a modernizar los mecanismos de persecución penal de los delitos federales, a través de la incorporación de herramientas para la investigación de ilícitos complejos como el narcotráfico, hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado en general.
Uno de los cambios de incluye es la posibilidad de que los jueces que condenen a una persona en primera instancia puedan determinar su prisión inmediata, sin la necesidad de que el fallo quede firme, aunque también podrán determinar otras medidas que no incluyan la cárcel.
Con el sistema acusatorio los fiscales asumen un rol preponderante en el que conducen y dirigen las investigaciones.
Además, plantea un sistema de administración de justicia a través de la gestión electrónica, la incorporación de tecnología y la toma de decisiones en audiencias orales y públicas.
NA
