"Es un error serio obviar la intervención de esos organismos en la medida en que hacen al funcionamiento mismo del Estado, y por ello están conformados por profesionales especializados, con estabilidad política, autonomía funcional y competencias específicas para expedirse sobre la legalidad de los actos de gobierno", referenció.
En ese marco recordó que existen controles tanto previos como posteriores que son ejercidos por la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería de la Provincia, el Tribunal de Cuentas, el Poder Legislativo y la Fiscalía de Estado. "La aprobación del gasto público otorgada por estos órganos exime a cualquier funcionario de toda responsabilidad no solo administrativa e institucional, sino también penal", sostuvo.
Barrandeguy también objetó las acusaciones planteadas por los fiscales "en tanto las mismas se apoyan en la figura de una supuesta sustracción, y lo cierto es que no es posible sustraer dinero de una partida presupuestaria", puesto que sólo es "una autorización para gastar" fondos públicos.