El exgobernador presentó un escrito en el que negó que el parador haya formado parte de su campaña, sino que era "para promocionar el turismo en la provincia".
Brindó detalles
Tras presentar el escrito con su declaración a la fiscalía, el ex Gobernador emitió un comunicado para brindar detalles sobre la causa que investiga "la puesta en funcionamiento del parador turístico instalado en Mar del Plata, en el mes de enero de 2015".En este sentido, Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Sergio Urribarri, negó "terminantemente que dicho parador se haya montado con fines electoralistas", sosteniendo que, en primer lugar, "la contratación fue absolutamente legal y se dispuso para atender los fines públicos legítimos fijados en el Decreto 4804/14".
Selección del contratista
Por otro lado, el ex gobernador sostuvo "que la selección del contratista fue llevada adelante por la Unidad Central de Contrataciones de forma absolutamente regular y transparente, e incluso, "no mereció objeción alguna de los órganos de control", indicó Urribarri en el comunicado dado a conocer este mediodía tras presentar un escrito en Tribunales."Estuve en las instalaciones el día de su inauguración un par de horas y nunca volví a visitarlas. Nunca allí se realizó una reunión política o algún acto de tal naturaleza, solo se organizaron eventos musicales y actividades de recreación propias de este tipo de instalaciones con el único propósito de promover el turismo en la provincia", expresó el actual presidente de la Cámara de Diputados.
Los organismos de control
Asimismo, Urribarri remarcó "la intervención de diversos organismos, integrados por profesionales especializados, con autonomía funcional, estabilidad política y competencias específicas para expedirse sobre la legalidad del gasto y la legitimidad de la actividad de gobierno", indica el escrito enviado a este medio.Al respecto, indicó que "así como la Contaduría General de la Provincia, se encarga de controlar previamente la legalidad del gasto público, el Tribunal de Cuentas también ejerce el control de forma posterior; y el Poder Legislativo aprueba, observa o desecha, la denominada "cuenta general del ejercicio. Del mismo modo, el Fiscal de Estado ejerce el control de legalidad de todos los actos del poder público", puntualizó el ex mandatario provincial.
La mecánica de la autorización
Por otro lado, Urribarri refutó las acusaciones planteadas partiendo de la premisa de que "no es posible sustraer dinero de una partida presupuestaria", en tanto ésta "no es dinero, ni es una caja que contenga dinero", sino que se trata de "una autorización para gastar" fondos públicos. Es decir, que un funcionario "sólo se ocupa de ordenar un pago, aguardando que los recursos estén disponibles, que la Contaduría General de la Provincia lo apruebe si corresponde, y finalmente, que la Tesorería libre el cheque bancario respectivo", explicó el Gobernador en su defensa.Por último, luego de brindar sus argumentos, Urribarri destacó finalmente en el comunicado dado a conocer este viernes tras presentar un escrito ante el fiscal, el carácter "no judiciable de la revisión de los actos de gobierno y del ejercicio de las facultades propias del Poder Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución Provincial", resaltó el ex gobernador.
