Política Lesa humanidad

Centros clandestinos Atlético-Banco-Olimpo: Prisión perpetua para dos represores

Los hallaron responsables de crímenes de lesa humanidad, entre ellos homicidios, tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad. Impuso penas de 25 años de prisión para otros cuatro acusados.
El Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) condenó a la pena de prisión perpetua a dos represores que actuaron en el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO3) durante la dictadura militar, al hallarlos responsables de crímenes de lesa humanidad, entre ellos homicidios, tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad.

Asimismo, impuso penas de 25 años de prisión para cuatro acusados, responsables por los delitos de privaciones ilegitimas de la libertad, tormentos, violencia y amenazas, y abusos de sus funciones.

En tanto, condenó al exmiembro de la Policía Federal Alfredo Omar Feito a 15 años de cárcel, aunque al ser unificada con una anterior condena por "asociación ilícita" deberá cumplir 20 años de prisión, y absolvió a otros dos exintegrantes de esa fuerza de seguridad.

El máximo de la pena recayó sobre el exmiembro de la Gendarmería Nacional Juan Miguel Méndez y el exintegrante de la Policía Federal Juan Carlos Chacra, a quienes se los halló responsables de 18 homicidios, entre otros delitos graves.
Asimismo, recibieron penas de 25 años de prisión el exmiembro del Servicio Pentenciario Federal (SPF) Hector Horacio Mark y los federales Eduardo Angel Cruz, Gerardo Jorge Arraéz y Carlos Lorenzatti.

Fueron absueltos los expolicías Raimundo Oscar Izzi y Ricardo Valdivia, para quienes se ordenó la inmediata libertad desde el Departamento Central de la Federal.

Quienes recibieron penas que van desde los 15 a los 25 años fueron hallados culpables como coautores de los delitos de privación ilegítima de la libertad, abusos de autoridad por tratarse de funcionarios públicos, torturas, amenazas y tormentos de detenidos 352 víctimas, casos que se ventilaron en este tramos del juicio.

El fallo, que fue leído por el presidente del Tribunal Rodrigo Jimenez Uriburu, provocó descontento en las querellas, que cuestionaron las dos absoluciones y aquellas penas que recibieron acusados para los que se habían requerido condenas a prisión perpetua.

Los abogados Pablo Llonto y Luis Zamora (que no intervino en el juicio) coincidieron en sostener que los tribunales "están utilizando una vara más alta", ya que en los últimos juicios se han dictado varias absoluciones.

En tanto la presidenta de Madres de Plaza de Mayo-Linea Fundadora, Nora Cortiñas, calificó el fallo de "horrendo y asqueroso", al tiempo que lo consideró "una traición al pueblo, a las víctimas y a los testigos que declararon durante las audiencias en solidaridad con los que quedaron adentro y en la cara de los represores".

Los acusados fueron recibidos por familiares de las víctimas, miembros de organismos de Derechos Humanos y victimas de ese circuito represivo con el tradicional cántico de las marchas: "Olé, olé, olé olá, a donde vayan los iremos a buscar".

En tanto, los familiares de los represores, que ocupaban la bandeja alta, no superaban las treinta personas y estaban encabezados por la dirigente Cecilia Pando, entonaron las estrofas del Himno Nacional, en medio de un griterío entre ambos sectores.

El TOF2 de la Capital Federal, está entegrado, además por los jueces José Antonio Michelini uyJorge Alberto Tassara, quienes anunciaron que harán pública la sentencia completa el próximo 8 de marzo a las 15.

En su alegato acusatorio, los fiscales Alejandro Alagia y Gabriela Sosti habían requerido penas de prisión perpetua para 7 de los 9 acusados por el delito de "genocidio", que no fue tenido en cuenta por los jueces.

Al retirarse de los Tribunales Federales de Comodoro Py, la fiscal Sosti recibió un cerrado aplauso de parte de más de un centenar de personas que siguieron las alternativas de la lectura del veredicto.

El que culminó este martes es el tercer tramo del juicio por los crímenes cometidos en el circuito de represión a cargo en forma conjunta del Ejército, Gendarmería, Servicio Penitenciario y la Policía Federal, que tuvo su primer sede en un club deportivo, ubicado en Paseo Colón y lo que hoy es la Autopista 25 de Mayo.

Entre los crímenes que se les imputaron durante el juicio se encuentra el secuestro y desaparición de 19 estudiantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) la organización estudiantil del peronismo de izquierda en febrero de 1977.

Entre el 16 y 18 de ese mes fueron secuestrados jóvenes estudiantes de la UES de 16, 17, 18 años, quienes fueron llevados al Club Atlético donde fueron asesinados y luego desaparecidos, según fue corroborado por la Fiscalía.

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