"Hay muchos abogados que se han enriquecido con los juicios laborales. Y mientras tanto, se fundían las Pymes" expresó el senador por Gualeguay, Francisco Morchio, manifestando su adhesión a la Ley de ART. Por su parte, Roque Ferrari (Cambiemos, Victoria), expresó que: "Le di la palabra al Gobernador de la provincia y la voy a cumplir. El gobernador tuvo la valentía de firmar el acuerdo junto a 23 gobernadores y nosotros desde nuestro bloque de Cambiemos habíamos comprometido nuestro voto favorable", destacó.
''Ha sido una sesión muy interesante. Valoro la actitud de los distintos senadores, esto muestra que hay una forma de hacer política diferente. En ciertas leyes hemos opinado de manera diferente y todo se ha aceptado'', agregó.
Bonato luego de manifestar su voto en contra, "esta ley es contra el pueblo trabajador, no pensaba que se iba a votar hoy, pensé que se iba a debatir más con las personas involucradas, con los trabajadores".
El senador Héctor Blanco (Tala), manifestó que no votaría ninguna normativa en contra de los trabajadores. En la misma línea, argumentaron los senadores que votaron por la negativa.
Por su parte, el senador Pablo Canali agregó que "Estos proyectos no pueden ser tratados con apuros. Tienen que ser tratados de cara a la gente. Los acuerdos y el diálogo son sumamente necesarios, pero no pueden traer aparejados los tratamientos sobre tablas como se realizaron hoy", criticó.
El senador Giano reflexionó: "Hoy lo fundamental es haber aprobado la ley de presupuesto por unanimidad. Celebro que el bloque Cambiemos y el senador Blanco nos hayan acompañado en esta norma tan importante para la administración publica provincial. Un presupuesto que contiene lo que el Gobernador estima que va a necesitar para el año que viene y los gastos. Sabiendo también que se ha firmado un acuerdo fiscal con todas las jurisdicciones y si el gobierno nacional cumple vamos a estar en una situación mejor de la que se prevé en el presupuesto" dijo Giano.
Por último, Giano comentó: "quiero reconocer el arduo trabajo en tres comisiones, es decir, casi todos los senadores, del proyecto de ley para proteger al trabajador de la educación: ayudar a quienes trabajan en este ámbito, maestros, profesores, rectores ordenanzas y los mismos alumnos ante agresiones externas, hechos o acciones que deben tener su castigo. No desde lo punitivo, sino que nos interesa que se sepa que hay una norma que está protegiendo los derechos de los trabajadores".
También fue aprobado sobre tablas y pasa a la Cámara de Diputados el proyecto de ley del poder ejecutivo, por el que se derogan los artículos 299 al 331 del código fiscal cuyo texto fuera Incorporado por el artículo 7º de la ley nº 10.197 y se derogan los artículos 37 al 42 de la ley impositiva cuyo texto fuera incorporado por el artículo 9º de la ley nº 10.197 (impuesto a la transmisión gratuita de bienes)
Kisser sobre proyecto de ley sostuvo: "Este proyecto de ley tiene media sanción en diputados, es una ley que deroga la transmisión gratuita de bienes. Es un impuesto que dificulta la transferencia de bienes con fines hereditarios, realmente vemos con buenos ojos la derogación de este impuesto porque va a facilitar enormemente las transacciones".
Además, se aprobó el proyecto que crea el Régimen de Promoción y Fomento de la Responsabilidad Social. El cual tiene como objeto favorecer el desarrollo de la Responsabilidad Social en el ámbito público y privado en la provincia. Contribuir al desarrollo de comunidades más inclusivas e integradas mediante la adecuación progresiva de las organizaciones a las necesidades sociales y coordinar políticas y prácticas de responsabilidad social, entre otras.
Para abogados es inconstitucional
Para el Colegio de Abogados de Entre Ríos la norma es inconstitucional por tres causas:
1-Se delegan facultades de organización de la Justicia provincial a la Nación. La Constitución de 1853 establece facultades no delegadas de las provincias, entre ellas administrar la Justicia. Esa es la primera de las claves.
2-Las controversias entre trabajadores, empleados y ART se deben dar en la Justicia y no en un organismo administrativo como las comisiones médicas.
3-Afecta el acceso a la Justicia de los trabajadores -sí o sí deberían ir a las comisiones médicas- e incluso viola la Convención Americana de DDHH. Además se retiraría la tutela judicial efectiva y continua.
