Crédito: El Diario
La no intervención de la magistrada estribó en que en el transcurso de la audiencia -que se diferenció de otras en que las partes prácticamente dialogaron, aunque bajo la atenta mirada de Firpo- Fiscalía explicó la manera en que arribó a las sumas, por lo que no fue necesario que decidiera respecto del pedido del defensor Miguel Ángel Cullen, que le había solicitado que ordenara que el órgano acusador pusiera disposición de la defensa, "la totalidad de los cálculos" que se realizaron.
Rechazo
Malvasio y Cánepa, visiblemente contrariados, rechazaron la pretensión de Cullen y refutaron que se hubiese vulnerado el derecho a una legítima defensa, puesto que el defensor sostuvo que Fiscalía "ocultaba las pruebas".
Ambos reconocieron que no existen cálculos, ni planillas, ni pericias contables para determinar que los empresarios investigados habrían cobrado sumas muy por encima de los costos que les demandó cumplir con las obras, muchas de las cuales fueron realizadas por empresas tercerizadas. En este sentido, señalaron que "los números surgen de la propia documentación que estaba en poder de los imputados" que fue obtenida en distintos allanamientos y consta en los legajos.
Derecho vulnerado
Cullen explicó que no cuestionaba, en esta instancia, los cargos ni la suma determinada, sólo precisó que pretendía conocer qué mecanismo o cálculo se utilizó para arribar a los montos consignados en la acusación, incluso con centavos.
La no obtención de aquella información fue motivo para que considerara que se estaba ante un caso de obstaculización del legítimo derecho de defensa, derecho que consiste en saber concretamente qué se imputa para saber de qué defenderse.
Así sostuvo que no ha podido, a más de un año de investigación, hacerse de los elementos "para controvertir una prueba que desconozco".
El defensor resaltó que "no hay prueba o pericial contable que permita determinar el supuesto perjuicio" y precisó que, en la Resolución por la que se rechazó el pedido de la defensa, Fiscalía consideró "impertinente" aquella solicitud. Después de la audiencia a la defensa le quedó claro que la suma determinada por Fiscalía surge de conforntar "boleta contra boleta" de las obras, señalando que esa metodología es insuficiente porque no contemplaría otros gastos y costos que tienen los empresarios en su actividad, lo que explicaría las diferencias cuestionadas.
Maniobra
Firpo le señaló a los fiscales que deben allanarse a los pedidos de información de las defensas, por más elementales que les puedan parecer, porque tienen directa relación con el derecho de defensa consagrado en la Constitución Nacional.
La acotación tuvo su razón en una explicación que realizó Cánepa, quien notablemente irritado explicó "La maniobra del fraude que se imputa surge clara. Qué pagó la empresa y cuánto le cobró al Estado; cuánto le costó a la empresa el trabajo solicitado por el Estado y a cuánto se lo cobró. Esa es la diferencia", aludiendo a una lógica matemática simple.
Números
Según Fiscalía la Cumbre del Mercosur le costó al Estado entrerriano ciento cincuenta millones de pesos. Cuarenta y seis fueron destinados a la Cámara Argentina de la Construcción, de los cuales la mayoría de aquella suma se distribuyó entre las cuatro empresas de los imputados.
