Si bien los cambios son económicos, serán debates netamente políticos: los bastiones opositores en cada provincia ya levantaron voces muy críticas sobre el Pacto Fiscal y advierten que quieren analizar con lupa el impacto de las reformas.
Las Legislaturas deberán respaldar o rechazar los cambios impositivos con los que se comprometieron los gobernadores, principalmente la baja de las alícuotas de Ingresos Brutos y de Sellos, que son los principales generadores de recursos propios.
Asimismo, los legisladores provinciales debatirán la baja de los 59 procesos judiciales cruzados entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vinculados con el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, afectaciones específicas de recursos y transferencia de competencias, servicios o funciones.
Según el documento rubricado por los gobernadores, las provincias tienen 30 días luego de la firma del viernes pasado para enviar la discusión a las legislaturas provinciales, aunque en algunas jurisdicciones como Neuquén y Mendoza ya se inició la discusión por recorte de tasas impositivas.
El gobernador del Neuquén, Omar Gutiérrez, dijo que está esperando "el acuerdo protocolizado" y anticipó que si ese documento llega el martes, lo enviará ese mismo día a la Legislatura.
Al mendocino Alfredo Cornejo el Pacto Fiscal lo obliga a impulsar modificaciones en el Presupuesto 2018 y la Ley Impositiva, dado que habrá variaciones en los ingresos propios que serían compensados por la Nación.
Buenos Aires, la más beneficiada por el Pacto Fiscal, se anticipó y ya sancionó Presupuesto 2018, ley impositiva y el pacto fiscal con amplia mayoría tanto en la Cámara baja como en el Senado.
En Catamarca, el ministerio de Hacienda, Ricardo Aredes, presume que esta reducción gradual hará que apenas se pierda un 1% en la recaudación local, y en gran medida es porque la actividad minera está exenta de este impuesto.
