El empleado informático es señalado por el fiscal federal Eduardo Taiano como "partícipe necesario" del asesinato de Nisman.
La decisión del juez de indagar al perito informático se dio tras el peritaje de Gendarmería Nacional que aseguró que Nisman fue asesinado.
Además de Lagomarsino fueron convocados cuatro custodios para la semana siguiente, esto es el 21 y 22 de noviembre: se trata de los policías federales Luis Muiño, Armando Niz, Rubén Benitez y Néstor Durán, quienes tenían a cargo la custodia de Nisman y fueron acusados por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Niz y Muiño habían sido indagados por la primera jueza de la causa, Fabiana Palmaghini, quien decretó sobre ellos la falta de mérito, esto es que la prueba no alcanzaba para que fueran procesados pero tampoco para desvincularlos de la investigación.
Sobre los custodios, consideró ahora la Fiscalía que, en realidad, posibilitaron el ingreso del arma homicida, franquearon el acceso de los ejecutores y permitieron su posterior salida de manera impune.
En su pedido, el fiscal Taiano había solicitado que Lagomarsino estuviera "sujeto a proceso": esto implica que no requirió la detención sino que dejó a criterio del magistrado que decida por esa u otra alternativa y, por eso, el juez podría disponer una "medida restrictiva".
En su requerimiento Taiano sostuvo que Lagomarsino fue parte de un plan criminal, cuyo rol fue la entrega del arma homicida, y considero que para encubrir el hecho se montó una escena de suicidio en el baño de su departamento de las torres Le Parc de Puerto Madero.
"Este accionar fue posible debido a la relación de confianza que tenía con Nisman, situación que le permitió acceder tanto a la vivienda como a sobrepasar la custodia", consignó la Fiscalía en su dictamen.
Además, sostuvo que Lagomarsino no contaba con la debida autorización legal para portar el arma Bersa calibre 22, la cual tenía vencida desde el 1 de abril de 2007.
La causa inicialmente estuvo a cargo de la fiscal de instrucción Viviana Fein y la jueza de instrucción Palmaghini, pero el 20 de septiembre de 2016 finalmente la Corte Suprema de Justicia decretó que el caso debía ser investigado por la Justicia Federal al considerar que Nisman había muerto como consecuencia de su labor al frente de la Unidad AMIA.