En el recurso de apelación, los abogados defensores pidieron que se revierta la decisión del juez de rechazar el pedido por existir "una amenaza ilegal, ilegítima y arbitraria para la vida y la integridad psicofísica de su defendida".
Además, expresaron que "la decisión de Cruz pone en riesgo la integridad física de Sala, su vida y constituye un daño directo a su acceso a la Justicia", por lo que le solicitaron a la Cámara que en ejercicio de sus deberes constitucionales debe restablecer de inmediato las condiciones en las que ella se encontraba detenida, "de modo de disminuir los riesgos a sus derechos fundamentales que actualmente se encuentran vulnerados".
Por su parte, los jueces sostuvieron que la CIDH, que había pedido su "liberación inmediata", "ha solicitado y no ordenado al Estado Argentino que adopte las medidas necesarias".
Al reforzar dicho argumento, enfatizaron que las normas internacionales en materia de derechos humanos tienen en el país un rango supralegal y complementario de la Constitución Nacional, pero no son supraconstitucionales: son aplicadas de modo subordinado a las disposiciones constitucionales.
