El Consejo General de Educación (CGE), ordenó esa ley, "diseñará e implementará políticas de educación sexual y garantizará recursos, financiamiento y formación docente. El Estado provincial impulsará la formación académica en sexualidad humana en la educación superior y universitaria y simultáneamente la capacitación de los profesionales en ejercicio. Se incluirá tanto en las políticas de educación sexual como en la capacitación y formación en los diferentes niveles educativos la perspectiva de las relaciones de género".
El plan de educación sexual en las escuelas se creó bajo el gobierno del radical Sergio Montiel, en 2003, pero no se pudo llevar a la práctica sino hasta tres años después. Aunque a más de una década del inicio del plan de capacitación docente y de los multiplicadores, poco y nada se hizo. El Ministerio de Salud avanzó a su modo, desde el Programa de VIH Sida, y luego se sumaron los talleres de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) y distintas iniciativas universitarias.
Durante la última administración de Jorge Busti al frente del Ejecutivo se conformó una comisión ad hoc, con participación de los credos religiosos, y en especial de la Iglesia Católica, que definió los lineamientos de la educación sexual en las escuelas.
En 2008, el Estado nombró con el cargo de coordinadora ejecutiva del Programa de Educación Sexual a Nora Romero de Clari, quien entonces era directora de Cáritas Arquidiocesana de Paraná.
Fue después de que la curia censurara una iniciativa oficial de instrumentar de la educación sexual que no había contado con su autorización.
Romero de Clari formó parte del trío de funcionarias que entre 2006 y 2007 redactaron los lineamientos base del plan de educación sexual. Junto a Romero de Clari, participaron también Silvia Kupervaser y Estela Villanueva. La incorporación de una figura ligada a la Iglesia Católica fue el modo como el gobierno pudo avanzar por fin con una estrategia de instrumentación de educación sexual en las escuelas, pero que no avanzó más allá de los postulados teóricos.
Durante la administración del exgobernador Mario Moine, en la década del ´90, fue el primer intento. Pero entonces hubo una férrea oposición de quien era el vicario de Educación del Arzobispado de Paraná, el sacerdote Luis González Guerrico.
Después, en 2004, la administración Busti intentó diseñar un programa similar. Un equipo integrado por las docentes Silvia Darrichón, Mercedes Meucci y Amparo Mercante elaboró los lineamientos curriculares, y para eso se procuró reglamentar la Ley Nº 9.501 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, sancionada en 2003, durante la gestión Montiel.
Además, se intentó hacerlo desde un concepto que había sido resistido por la tradición del pensamiento católico: la perspectiva de género. "Más que nunca -decía aquel texto fundante del programa-, podemos en la actualidad permitirnos la relación de unos con los otros como seres humanos y como individuos, en vez de como machos y hembras estrictamente. Hasta donde podemos ensanchar nuestros esquemas de humanos y podar nuestro esquema de género, las diferencias de sexo florecerán con mayor variedad. Lejos de borrar las diferencias entre los sexos, permitirán surgir las diferencias reales".
La Iglesia puso el grito en el cielo, y ocurrió lo previsible. Uno de los coordinadores desde Educación de esa iniciativa, Roberto Matteoda, salió eyectado de su función, y junto a él uno de los primeros kirchneristas en la provincia, Alejandro Richardet. El encargado de sacarlos del centro de la escena fue el entonces ministro de Gobierno de Busti, Sergio Urribarri.
Otro intento
El Consejo de Educación, bajo la gestión de Jorge Kerz, redactó la resolución Nº 550, que fijó la instrumentación de un nuevo programa, que se pensó aplicar en etapas: la primera fue la formación de los formadores de los docentes, a partir de abril de 2006; y la segunda, consistente en la capacitación a los docentes.
Esa resolución, de abril de 2006, también estableció la adhesión de Entre Ríos a Ley Nacional Nº 25.673, que dio forma al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Aunque con una visión adecuada a la realidad local, sin alusión a la perspectiva de género.
Los lineamientos aprobados por el CGE ubicaron a la escuela como "colaboradora de la familia" en la educación sexual, y a los alumnos los considera "desde su condición de personas sexuadas, varón-mujer, durante el juego, el trabajo y el proceso de enseñanza-aprendizaje".
Ahora, casi 15 años después de redactada la Ley de Educación Sexual, el Consejo de Educación busca retomar la formación en perspectiva de género
En diciembre comenzó una estrategia de educar en perspectiva de género y sobre prevención de las violencias tanto institucional como sexista, tales los ejes de un nuevo ciclo de formación para estudiantes de nivel superior.
En la Legislatura hay un proyecto de ley de reforma de aquella Ley de Educación Sexual sancionada en 2003.
La iniciativa es de la diputada provincial Gabriela Lena (Cambiemos), e incorpora normas aprobadas durante el kirchnerismo, como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Igualitario y el Programa de Educación Sexual y Procreación Responsable de la Nación.
Lena plantea la idea de que el Estado imparta un programa "obligatorio" en todas las escuelas para que se dicte educación sexual, y que ésta sea con perspectiva de género, un aspecto que, hasta ahora, según El Diario, la Iglesia Católica ha conseguido hacer borrar de los programas que ha aprobado el Consejo General de Educación (CGE).
Lena, junto a los diputados del bloque Cambiemos José Artusi, Alberto Rotman, María Alejandra Viola, Sergio Kneeteman, Jorge Monge y Fuad Sosa, presentó en la Cámara de Diputados esa iniciativa, que instrumenta un programa de educación para los alumnos de escuelas públicas y privadas en consonancia con la Ley Nacional 26.150, una norma que se sancionó durante el kirchnerismo, en 2006, y que hizo suyo el Consejo Federal de Cultural y Educación para ser aplicado en todo el país. La idea es que el programa que adopte la provincia sea en el marco de leyes ya vigentes, como la Ley de Identidad de Género, la Ley de Matrimonio Civil, el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, el plan de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, y los convenios internacionales que resguardan los derechos de los chicos.
El artículo 4° del proyecto de Lena establece: "La educación sexual integral es de carácter obligatorio y está destinada a estudiantes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, que asisten a establecimientos públicos, públicos de gestión estatal y privada, desde el nivel inicial hasta el nivel superior de formación docente, incluyendo al Programa a las familias de dichos estudiantes con motivo de fomentar la integración de todo el círculo familiar. La implementación de la modalidad para la integración familiar quedará a criterio de cada establecimiento educativo".
