El proyecto introduce modificaciones a la ley 9739 (que regula la actividad de los corredores públicos inmobiliarios en Entre Ríos) y al Código Fiscal. En el artículo 1º establece que su objeto es "proteger al locatario garantizando el cumplimiento del acceso a la vivienda digna". En el artículo 2º aclara que su aplicación será exclusiva para los actos de corretaje inmobiliario celebrados en la Provincia y que estén relacionados con el alquiler de un inmueble para vivienda.
Según el integrante de Inquilinos Organizados Entre Ríos, Mario Villagra, "es casi nulo el beneficio que hay para el inquilino" en la letra de la iniciativa. En su opinión, para determinar si existe un beneficio para el inquilino, hay que primero conocer las condiciones actuales de los alquileres. En ese sentido, remarcó que la iniciativa "no avanza mucho" porque establece que regirán los aranceles sugeridos por el Colegio de Corredores Públicos, algo que "ya es así en la actualidad", aseveró supo Apf.
Por otro lado, se refirió al artículo 8º, que plantea el cobro de un adicional del Impuesto Inmobiliario en las propiedades urbanas "que se encuentren deshabitadas y sin causa justificada por el término superior a un año". Ese adicional podría ser de "entre el 50 y 200 por ciento". Para Villagra, este punto "sólo sirve para engordar las arcas del Estado y no para beneficiar al inquilino".
Denunció además que la iniciativa va a favorecer a "algunos propietarios, que no pagarán impuestos", ya que el artículo 9º de la iniciativa establece precisiones para acceder a la eximición del adicional al inmueble deshabitado. Concretamente dice: "Se eximirá el adicional mencionado en el artículo precedente al propietario que se ausente por cuestiones laborales, salud o cualquier causa debidamente justificada por ante el ente recaudador y aquellos que pertenezcan al Estado Provincial, Municipios y sus organismos descentralizados o autárquicos".
Por último, pidió a los diputados provinciales que "tengan en cuenta el proyecto de ley que defienden los inquilinos, que tuvo unánime sanción en la Cámara de Senadores de la Nación y que ahora aguarda en Diputados". Les reclamó también que tomen en consideración el proyecto de ordenanza que se presentó en el Concejo Deliberante de Paraná, que insta a crear defensorías de inquilinos en todas las ciudades de la provincia.
La iniciativa tomó estado parlamentario el 12 de septiembre pasado y actualmente se encuentra en análisis en las comisiones de Legislación general y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. Es autoría de la diputada Mariela Tassistro (Unión Popular-Frente Renovador), con la coautoría de los diputados Ricardo Troncoso (Recuperación Radical), Daniel Koch (UNA-Frente Renovador) y Juan José Bahillo (Frente para la Victoria).
Ya había recibido cuestionamientos por parte de los corredores inmobiliarios entrerrianos, que afirman que presenta "inexactitudes y falsedades".
