A tres meses desde que tomó estado parlamentario, la iniciativa comenzaría a ser tratada en la Comisión de Legislación General, aunque le espera un arduo debate hacia el recinto.
El objetivo, según el artículo primero, es la sustitución de la tracción a sangre por vehículos de tracción motora o eléctrica. Una vez finalizada la etapa del reemplazo -en un lapso a determinar-, este formato de movilidad a caballo quedaría prohibido "en todas las actividades que impliquen transporte, traslado, reparto, acopio o depósito y recolección" de residuos en todo el país.
Se busca asegurar además el destino de los equinos que sean sustituidos, para que puedan "ser tratados con la dignidad que merecen, alejándolos de cualquier circuito comercial". En este sentido, el proyecto reconoce el carácter de los animales como sujetos de derecho, bajo la doctrina del propio doctor Raúl Zaffaroni.
Para los infractores de la ley que conduzcan un vehículo de tracción a sangre, el proyecto de Lipoveztky propone una sanción de tres meses a cuatro años. La pena se aumentaría en un tercio en su mínimo para quienes promuevan, faciliten u organicen la actividad, de acuerdo al artículo noveno.
No más TAS
"Hace dos años que comenzamos a trabajar para visibilizar el tema de la TAS en los centros urbanos", comentó Eliana Couso, integrante de la organización sin fines de lucro que puja por la ley. El reclamo comenzó a hacerse oír en las redes sociales y llegó a la plataforma Change.org, donde al cierre de esta nota se habían reunido 70.270 firmas -de una meta de 75.000- para erradicar el transporte a caballo.
Tal como sucedió con los galgos, los famosos no tardaron en hacerse eco de la problemática y así fue que varias personalidades se fotografiaron con la consigna #NoMásTAS, entre ellas Catherine Fulop, Julieta Prandi, Eleonora Wexler y hasta Steven Adler, el histórico exbaterista de los Guns N' Roses, en la previa del megashow que ofrecieron en Buenos Aires en noviembre pasado.
"Queremos que Argentina se convierta en pionera en la región", destacó Couso al señalar la necesidad de "avanzar la reconversión de la actividad". La activista sostuvo que se trata de una "problemática multifacética" donde no sólo está en discusión el maltrato animal, sino también "la naturalización de la violencia y el trabajo precario" en los niños.
En efecto, la imagen de menores conduciendo los carros a caballo en plena ciudad sin el acompañamiento de un adulto no es más que una postal de un flagelo aún mayor. "Los niños también terminan siendo víctimas de la explotación", argumenta la ONG en su petición, con el temor de que, con el tiempo, repliquen esa conducta.
Sobre el agravio animal -no cuantificado por ningún censo-, el proyecto da cuenta de los caballos que son "maltratados, lacerados, muchas veces sin herraduras u obligados a trabajar sin descansos, en ocasiones desnutridos y deshidratados, incluso muertos a plena luz del día".
A esta descripción se suma "la inseguridad y precariedad laboral" en la que se desenvuelven los animales y sus jinetes, ya que "se realiza un trabajo de recolección de residuos sin tener los elementos adecuados y necesarios para la tarea, quedando expuestos los trabajadores a residuos peligrosos o patógenos, lo cual conlleva a un deterioro progresivo en la salud que a veces podría ser fatal".
Por otra parte, el texto presentado hace referencia a "los accidentes de tránsito causados por la incorrecta circulación de los carros, dado que los mismos circulan por vías rápidas no apropiadas, sin ningún tipo de señalización visible por las noches, con demasiadas personas arriba del carro sin ningún tipo de sujeción al mismo".
Tampoco puede ignorarse el negocio que subyace tras la TAS. "Antes de que el tema se hiciera masivo, mucha gente no sabía que los ocupantes de los carros no son los dueños de los caballos. En la mayoría de los casos los caballos se alquilan y son traspasados de carrero a carrero. No tienen descanso", advirtió Couso ante este medio.
Según la referente de la ONG en cuestión, hay antecedentes de prohibición de la TAS en algunas ciudades, pero en casi todos los casos hay un denominador común: "las ordenanzas quedan a medio implementar". Según un relevamiento que realizó la entidad, "los intendentes por sí solos no pueden terminar de resolver el tema, por eso necesitan del apoyo de la provincia o de la Nación", para que "se convierta en una política de Estado".
A la falta de voluntad política, explica Couso, hay que agregar el rechazo sindical: "Muchas iniciativas que son resistidas por municipios, son resistidas además por gremios, como la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular) y el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos)", que son los que agrupan a la economía informal".
La joven organización espera que el debate que ya está instalado en los medios tenga su correlato en el Congreso, donde también hubo un trabajo conjunto con el diputado Daniel Di Stefano (FpV-PJ) y la senadora Magdalena Odarda (CC). "Siempre es difícil alcanzar consensos, pero tenemos que avanzar hacia una ley nacional", concluyó Couso. (AIM)
