La iniciativa tiene como objetivo elevar las penas cuando los delitos contra la vida, la integridad sexual y la libertad, y robos, extorsiones, estafas y otras defraudaciones sean cometidos contra personas en situación de vulnerabilidad expresamente establecida: mujeres embarazadas; personas mayores de 70 años o menores de 18, y personas discapacitadas o enfermas que no puedan valerse por sí mismas.
También se incluye al personal de la salud y de la educación que sufriera una agresión en el ámbito de sus funciones o fuera de ella, siempre y cuando guarde relación directa con su labor profesional.
El objetivo del proyecto, consensuado entre los bloques políticos, es sancionar con mayor rigor a quienes delinquen aprovechándose de que la víctima tiene muy limitada su capacidad para defenderse. Los jubilados y las personas de avanzada edad son blancos predilectos de los llamados "cuentos del tío", y muchas veces son reducidos o sometidos en sus casas con extrema violencia.
En cuanto a los docentes, los legisladores tuvieron especialmente en cuenta las continuas agresiones a las que son sometidos dentro y fuera del lugar donde dan clases, al igual que les sucede a los profesionales médicos y no médicos en los centros asistenciales.
"Con estas nuevas medidas hacemos propios los reclamos de la sociedad y los hemos materializado en esta propuesta que obtuvo media sanción", expresó la diputada jujeña Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos), presidenta de la Comisión de Legislación Penal. La legisladora exaltó el espíritu de diálogo de los distintos sectores políticos que permitió aunar en un proyecto común más de 15 iniciativas individuales.
