Política Avanza el análisis en Diputados

Proponen actualizar la Ley de la Cruz Roja Argentina

El proyecto prevé la actualización de la Ley N° 13.582, que data de 1893 y regula el estatuto jurídico, organización y funcionamiento de dicha Sociedad.
La Comisión de Salud, presidida por la entrerriana Carolina Gaillard (FpV-PJ), dictaminó sobre la modificación de la Ley de la Cruz Roja Argentina. El proyecto prevé la actualización de la Ley N° 13.582, que data de 1893 y regula el estatuto jurídico, organización y funcionamiento de dicha Sociedad. Todos los bloques de la oposición acordaron avanzar en el dictamen y presentar sus modificaciones en el recinto, mientras que el bloque Cambiemos presentó disidencia parcial al dictamen de la mayoría.

"La Cruz Roja Argentina es la organización de ayuda humanitaria con mayor alcance territorial en nuestro país. Su misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial aquellas que se encuentren en situación de vulnerabilidad. Forma parte del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. En Argentina cuenta con una Sede Central y 65 Filiales distribuidas a lo largo y ancho del territorio nacional", explicó Gaillard al inicio de la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud Pública.

El Dr. Diego Tippin, Presidente de la Cruz Roja Argentina, invitado para exponer sobre el tema, señalo que "la ley de la Cruz Roja se encuentra entre las 100 leyes vigentes más antiguas de la República Argentina, así que estamos ansiosos y felices ante el tratamiento del proyecto". Tippin expresó además que "resulta necesario proteger y actualizar su normativa en virtud a Tratados Internacionales y Declaraciones ante Naciones Unidas firmadas por la Argentina".

Por su parte, el diputado Castagneto, autor del proyecto, propuso avanzar en el dictamen para que pueda tener tratamiento legislativo y que las diferencias en cuanto al financiamiento y otras observaciones sean consensuadas en el recinto. Con ese compromiso, los diputados firmaron el dictamen de mayoría, mientras que el bloque Cambiemos presentó su disidencia parcial.

Asimismo, Gaillard puso en tratamiento la modificación a la Ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, para adecuarla a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPCD), incorporar estrategias de políticas públicas, y ampliar los sujetos obligados a la atención integral y cobertura total de las prestaciones de discapacidad. En este proyecto, los bloques de la oposición firmaron también dictamen de mayoría, excepto Cambiemos, que presentó su propio dictamen. El fundamento de Cambiemos para presentar su rechazo a la modificación de la Ley de discapacidad y formular su dictamen en minoría abrió el debate sobre los recientes y polémicos cambios por decreto realizados por el gobierno de Mauricio Macri, que desmanteló la CONADIS y la Comisión de Pensiones que dependían del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y creó una Agencia Nacional de Discapacidad que dependerá de Secretaría General de Presidencia, sin más precisiones.

Ante esta posición del bloque oficialista de presentar un dictamen propio, Gaillard en su carácter de Presidenta de la Comisión de Salud, apeló a la sensibilidad de los diputados oficialistas y expresó que "estamos debatiendo sobre las necesidades de personas con discapacidad y en ese sentido es nuestra obligación garantizar el acceso a las prestaciones de las personas con mayor vulnerabilidad. En este caso se trata de ampliar un derecho como la cobertura de las prestaciones, por lo que hay que darle un marco legal para facilitar y garantizar el acceso a la cobertura".

Otro de los proyectos que tuvo polémica fue el de declarar de interés público nacional la producción, comercialización y distribución del producto DEET (Dietil-meta-toluamida), repelente de insectos, del diputado Binner. Ante la negativa de Cambiemos de firmar un único dictamen, Gaillard enfatizó la "necesidad de que se invierta en la producción pública de medicamentos, porque siempre están muy preocupados en el financiamiento del sistema de salud pública, pero para lograrlo hay que invertir en la producción pública. Esta decisión de política sanitaria es la única manera de avanzar y lograr la soberanía sanitaria para que la industria farmacéutica, en este caso con los repelentes, no sea la que imponga precios a la hora de cuidar la salud de la población cuando hay epidemias como dengue, zika y chikungunya".

Entre los pedidos de informes al gobierno nacional dictaminados por la Comisión de Salud, se destaca el de Carolina Gaillard sobre el acortamiento del plazo de 160 a 60 días hábiles, del sistema de control de los ensayos clínicos a personas enfermas o sanas, que realiza la ANMAT, delegando la responsabilidad y el control del Estado en la misma industria farmacéutica, principal interesada en la aprobación de esos ensayos clínicos. "El acortamiento del plazo de los ensayos y hasta, en algunos casos, su aprobación automática pone en riesgo la seguridad de los participantes y la finalidad científica de la investigación", señaló la Presidenta de la Comisión de Salud.

"Asimismo, afecta la integridad de todos los pacientes que en un futuro precisen de esa medicación exponiéndolos a drogas cuya seguridad, calidad y eficacia no se encuentran garantizadas. Adonde debe haber controles estrictos y garantías para la seguridad de los participantes, encontramos un acuerdo del gobierno nacional que beneficia claramente a la industria farmacéutica y al que llamó Compromiso Federal para la Modernización del Estado", agregó Gaillard.

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