La investigación judicial se inició a partir de una información periodística aparecida en diciembre del año pasado, donde se reveló que la ex legisladora tenía una cuenta a su nombre en el Discount Bank de Montevideo (actualmente Scotia Bank) donde habría 1.160.000 dólares e inversiones en títulos públicos en distintos países Chile, Brasil, Estados Unidos, México y Uruguay por 886.148 dólares.
Los defensores Marciano Martínez y Carlos Guillermo Reggiardo rechazan la acusación, aseguran que "es falsa", ofrecieron a la justicia viajar al Uruguay y levantar el secreto bancario para que se informe si existen cuentas a nombre de Rossi o Díaz "en cualquier banco del país o del planeta" (sic) y presentaron un informe que habría sido emitido por el Scotia Bank que negaría la publicación periodística.
Con esos elementos, los defensores pidieron el sobreseimiento de ambos bajo el argumento de que "el hecho investigado no ha existido" e implícitamente esperan que el magistrado declare que el proceso no afecta el buen nombre y honor de que hubieren gozado los imputados, como lo establece el Código Procesal Penal de la provincia.
Los defensores cuestionaron la investigación, objetaron al nuevo Código Procesal Penal porque, a su criterio, vulnera el derecho de defensa, y dejaron entrever que la causa constituye una maniobra del procurador Jorge García: "El mismo personaje que condenó a Rossi (por enriquecimiento ilícito en el año 2006) es el que le cuelga otra vez el manto de corrupto", dijo Martínez en alusión al procurador, aunque sin nombrarlo.
Lo que falta investigar
Pero el fiscal Álvaro Piérola no está de acuerdo con eso. Explicó que se trata de una investigación "compleja" y "de difícil prueba" y resaltó que hay pruebas pendientes de producción antes de determinar si Rossi y Díaz en enriquecieron en forma ilícita y, en ese caso, corresponde que sean citados a prestar declaración de imputados; o en cambio corresponde archivar la causa.
El fiscal sostuvo que "la sospecha va más allá de un banco puntual" porque se trata de determinar si Rossi y/o Díaz son poseedores de títulos, valores, bonos o han realizado transferencias bancarias que no puedan justificar.
En ese sentido, afirmó que "para saber si el hecho existió o no se necesita evidencia" y detalló que se pidió información a organismos de control, registros públicos y está pendiente la producción de un informe por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) respecto de inversiones que puedan tener Rossi y/o Díaz en la República Oriental de Uruguay. "La defensa pretende que nos conformemos con una nota del Scotia Bank, firmada por no se quién, diciendo que la señora Patricia Díaz no tendría una nueva cuenta desde enero de 2008. Ese no es el modo en que investigamos", replicó el fiscal en la audiencia celebrada ayer en los tribunales.
Sentencia, el viernes
Oídos los argumentos, el juez Ruhl anunció que el próximo viernes anunciará si corresponde el sobreseimiento para Rossi y Díaz o si, en cambio, debe continuar la investigación penal preparatoria. (El Diario)
