Si bien iniciativas de este tipo han generado ciertas reticencias respecto al posible mal uso o manipulación que puedan hacerse de los datos, desde el primer artículo se aclara que el Sistema único de registro de historias clínicas deberá implementarse progresivamente respetando lo establecido por la Ley 26.529 de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la Salud y por la Ley 25.326 de Habeas Data.
En el registro de historias clínicas se dejará constancia de "toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal, como en establecimientos privados y de la seguridad social", establece el proyecto de autoría de la senadora por Misiones, Sandra Giménez.
El objetivo es garantizar a los pacientes y a los profesionales de la salud "el acceso a una base de datos de información clínica relevante para atención sanitaria de cada paciente desde cualquier lugar del territorio nacional", y asegurando que la consulta de sus datos "quedará restringida a quien esté autorizado para ello, con sujeción a lo dispuesto por la ley 25.326 y sus normas modificatorias y reglamentarias".
A los fines de la instrumentación de la norma, la autoridad de aplicación, a designar por el Poder Ejecutivo, deberá crear una comisión interdisciplinaria de expertos que elabore un protocolo de carga de historias clínicas, así como diseñar e implementar un software único de historia clínica; instalar el software en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales y en los centros de salud privados y de la seguridad social; coordinar los recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de la Ley y capacitar al personal sanitario, entre otras funciones. (AIM)
